El Defensor del Pueblo exige a Ribó que facilite expedientes a la oposición

El Defensor del Pueblo, Fernando Fernández Marugán, ha reclamado de nuevo al gobierno municipal de Valencia un mayor acceso de los concejales de la oposición a los expedientes del Consistorio, según una resolución fechada este martes y que ya ha sido aceptada por el tripartito, con el propósito de cumplir la petición.

Empieza a ser una costumbre del gobierno municipal acatar este tipo de recomendaciones sin que se vea un resultado posterior, denunció ayer el concejal del grupo popular Alfonso Novo. En este caso se debe a una solicitud de documentos sobre el concurso para la reforma de la plaza de la Reina, que el tripartito no entregó alegando que todavía no había ningún acto administrativo formalizado, es decir, el trabajo estaba en proceso.

El mismo argumento aparece varias veces en esta nueva recomendación del Defensor del Pueblo, que ya dictó una petición similar en un caso referido a la Fundación InnDEA. La contestación a Fernández Marugán del gobierno municipal señala que «la normativa aplicable al caso, que considera cumple correctamente, y ampara su decisión a la petición de que no puede informar de algo que no existe, que no se ha producido, y en consecuencia no está materializado en ningún acto administrativo», según el relato que hace en el informe.

Por el contrario, la conclusión de la entidad consultiva es que el tripartito debe «facilitar la información que soliciten los concejales para el ejercicio de sus funciones, con las únicas limitaciones que fija el ordenamiento jurídico». Novo señaló que tanto esta institución como el Síndic de Greuges «han indicado al alcalde hasta en cinco resoluciones que tiene la obligación de facilitar el acceso a los expedientes a los concejales de los grupos de la oposición».

El edil abundó diciendo que ambos «le dejan claro a Ribó que el derecho a la información se tiene que interpretar en sentido amplio, y que podemos conocer el estado y el contenido de los expedientes en cualquier momento del proceso administrativo».

Las peticiones infructuosas de información han sido constantes este mandato en numerosas concejalías. El reglamento del Pleno indica que el acceso a los expedientes debe darse a las 48 horas de la solicitud, aunque la ley autonómica no fija un plazo máximo. «Eso sí, dice que si no se ha resuelto en cinco días, entonces el silencio administrativo es positivo».

En el caso del Consistorio, añaden fuentes conocedoras del proceso, la táctica habitual es no contestar, por lo que se acaba pidiendo el amparo a la alcaldía, para seguir después con instituciones externas como las citadas. Recordaron que hace dos semanas hubo una resolución del Consell de Transparencia a la portavoz del gobierno municipal y delegada de Empleo, Sandra Gómez, para que entregara «toda la documentación de la Fundación de Empleo» pedida por el grupo popular.

Para Novo, este tipo de resoluciones son «consecuencia de las quejas que hemos formulado ante la falta de transparencia del gobierno tripartito en casos como el de la remodelación de la plaza de la Reina, la encuesta fallera o las irregularidades en la Fundación InnDEA». Añadió que resulta «paradójico que el señor Ribó, que situó la transparencia como uno de los ejes de su gobierno tripartito, haya sido apercibido por la opacidad de su gestión.».

La última resolución firmada por el Defensor del Pueblo pide al gobierno municipal en su punto tercero que «motive todas las resoluciones denegatorias, así como resolver en el sentido del silencio cuando se hace fuera de plazo», en referencia a que debe contestar las peticiones de la oposición.

«Además, no sólo se han producido las reprimendas del Defensor del Pueblo y el Sindic de Greuges, sino que también hemos denunciado en reiteradas ocasiones que el tripartito vulnera nuestro derecho a la información, no permitiéndonos que accedamos a los expedientes, y dándonos respuestas a las preguntas de control que hacemos al Pleno y a las comisiones que son una auténtica burla por no responder a nada de lo planteado», subrayó el edil.

«Esta falta de transparencia en la gestión de Ribó y sus socios del tripartito supone un desprecio al resto de concejales que representamos a miles y miles de valencianos. Por ello, le pedimos al alcalde que no pase por alto los apercibimientos del Defensor de Pueblo y el Sindic de Greuges y no oculte la información, que aquello que decía en la oposición sobre las paredes de cristal del Ayuntamiento».