El Defensor del Pueblo investiga a Valencia por dar marcha atrás con la aplicación de la zona de bajas emisiones

El Defensor del Pueblo recuerda que la implantación de la ZBE viene determinada en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. El artículo 14 de dicha ley establece las medidas y plazos concretos para que las administraciones públicas promuevan la mejora de la calidad del aire mediante la reducción de las emisiones a la atmósfera. Así, los municipios de más de 50.000 habitantes debían de haber establecido ZBE antes del 1 de enero de 2023.

Las actuaciones de oficio abiertas por el Defensor del Pueblo siguen dos criterios, tal como ha desvelado El País y ha podido confirmar LAS PROVINCIAS. En primer lugar, por razón del número de personas afectadas por la contaminación y el nivel de retraso en la tramitación, se van a investigar los municipios de más de 50.000 habitantes cuyos ayuntamientos no han iniciado aún los trámites para declarar las ZBE (es el caso de Aranjuez) y los municipios de más de 300.000 habitantes que aún no las han aprobado pese a estar en trámite. El segundo supuesto se refiere a aquellos municipios en los que se han revertido o van a revertirse los pasos dados para la adopción de las ZBE, de lo cual esta institución tiene conocimiento a través de los medios de comunicación, basados en las declaraciones formuladas por los órganos representativos del municipio, por los órganos competentes en materia de medio ambiente, representantes políticos o por otros análogos.

Para el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, «no es serio» que el Defensor del Pueblo «se base las declaraciones en medios de comunicación y no en criterios técnicos». «Nosotros en su momento lo único que dijimos es que en la ciudad de Valencia se cumplían los límites establecidos por la normativa estatal y que por tanto, en supuestos remotos, se iban a alcanzar esos límites y que se iban a establecer medidas para estas situaciones, lo cual no significa que no haya otras medidas adicionales, ha desvelado.

«La clasificación de unos municipios u otros en los diferentes apartados del Defensor del Pueblo deberá basarse en los documentos que se elaboren y eso todavía no se ha producido. Está haciendo juicios de valor sin conocimiento sobre el fondo de la cuestión«, ha indicado Carbonell: »No es serio para una institución así. No actúa con rigor. El Ayuntamiento le contestó que va a cumplir con la normativa, no sé por qué infieren lo contrario«.

La portavoz del grupo municipal socialista, Sandra Gómez, ha exigido a Catalá que rectifique sus «políticas negacionistas y se ponga a trabajar sobre una zona de bajas emisiones real». «Es preocupante que Catalá apueste por la contaminación, imponiendo el coche sobre el transporte público tal y como está sucediendo en la calle Colón, la calle de la Paz y la Plaza del Ayuntamiento», ha denunciado.

Gómez ha reclamado transparencia al gobierno municipal. «Queremos saber qué se le ha solictiado y que información está trasladando el gobierno de PP y VOX al Defensor del Pueblo», ha dicho. «En una cuestión tan importante como es la calidad del aire que respiramos y sus consecuencias para la salud de la ciudadanía, Catalá no puede seguir apostando por una política de contaminación», ha afirmado la portavoz del PSPV, que ha advertido que este requerimiento «llega a las puertas de que Valencia se convierta en Capital Verde Europea».

Por su parte, la portavoz de Compromís per València Papi Robles ha anunciado que han reclamado un pleno extraordinario «por el incremento del tráfico y la contaminación». Catalá tendrá que convocarlo de forma obligatoria. En el grupo cree que en la ciudad «se está instalando en la ciudad ante los retrocesos que está planificando y ejecutando este gobierno ultra y negacionista del PP y Vox y que atentan contra la salud de las personas y la calidad de vida en esta ciudad». Robles pone como ejemplo la reversión de la calle Colón para dar prioridad de nuevo a los coches, la eliminación de las supermanzanas en los barrios o la paralización de proyectos como la renaturalización de la avenida del Puerto y el Parque de Desembocadura. «Es nuestra responsabilidad convocar este pleno extraordinario para pedir explicaciones a la señora Catalá que está promoviendo un modelo de ciudad gris, aumentando el tráfico y la contaminación, y está poniendo en peligro la salud de las personas. Frente a esto, Compromís proponemos avanzar en el modelo de ciudad que nos ha llevado a ser un referente europeo. Nos estamos jugando el prestigio de nuestra ciudad y la calidad de vida», ha dicho.