El PP denuncia a la Agencia Antifraude la mediación para evitar desahucios de Ribó

La Agencia Antifraude tiene desde el pasado miércoles sobre la mesa una petición del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia para que investigue la situación del servicio de mediación hipotecaria del Consistorio. El motivo es según denunció ayer el portavoz de esta formación, Eusebio Monzó, que la empresa adjudicataria lleva nueve meses sin contrato, además de destacar también el intento de sacar adelante un concurso frenado por Intervención al alertar de un posible fraccionamiento.

«La privatización del Servicio de Intermediación Hipotecaria, llevada a cabo por la portavoz de València en Comú, María Oliver, con el beneplácito del alcalde Joan Ribó, pone al descubierto la gran mentira del discurso del tripartito en defensa de la administración pública y supone que los valencianos tengamos que pagar el doble de lo que costaba este servicio cuando lo llevaba el Colegio de Abogados», aseguró el edil al recordar que en el anterior mandato el coste era de 11.000 euros anuales y con el nuevo gobierno se elevó a casi 22.000 euros.

El gobierno municipal otorgó con contrato menor y de manera directa un encargo por la segunda cantidad a la empresa El Rogle Cooperativa Valenciana para que realizara esta intermediación, que consiste en un servicio de mediación y de «intermediación hipotecaria sobre la vivienda habitual con la protección de deudores hipotecarios sin recursos», como se indica en la denuncia presentada en Antifraude.

«Una vez finalizado el mismo en abril del pasado año, después de que la Intervención General municipal se opusiera a que se le adjudicara un nuevo contrato menor para evitar el fraccionamiento, la empresa sigue facturando al Ayuntamiento sin cobertura contractual», apuntó Monzó, para quien le parece «muy grave que el servicio se esté prestando sin contrato, con un coste elevado, favoreciendo a una empresa privada determinada, el Rogle o el Circulo en castellano, que en su web presenta unos contenidos sobre sus simpatías políticas, y que se haga en detrimento de una entidad de carácter público como el Colegio de Abogados».

Indicó que es «alarmante, aunque sea la tónica habitual en la gestión de Ribó y sus socios del tripartito, que un servicio necesario y previsible como la intermediación hipotecaria, se adjudicara en su momento a dedo. De hecho, Intervención municipal se lo recrimina a la concejala de Vivienda cuando pretendía volver a contratar de nuevo a dedo a El Rogle y cuando ha tratado de tramitar un procedimiento negociado sin publicidad repleto de posibles irregularidades».

En su opinión, todo esto «pone de manifiesto que Ribó y sus compañeros de tripartito mentían descaradamente cuando se presentan como los paladines de lo público, como los verdaderos y únicos defensores de las personas desfavorecidos por la crisis económica y que podían perder su hogar». La petición a la Agencia pasa porque se inicien las «actuaciones necesarias al objeto de esclarecer los hechos denunciados y se adopten las medidas que en derecho corresponden a esta entidad».

El Consistorio aprobó ayer precisamente la concesión de casi dos millones de euros en ayudas de alquiler social de las que se beneficiarán 1.462 familias. La portavoz del gobierno municipal, Sandra Gómez, destacó que se dedicarán a «atender las necesidades de aquellos colectivos más desfavorecidos y con mayores dificultades económicas». El pasado año se concedieron 1,2 millones de euros en subvenciones a unas 800 familias. El incremento responde a la falta de un parque de viviendas propio y suficiente para ayudar a este tipo de casos.