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El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Fernando Giner, ha anunciado esta mañana que presentará a la Agencia Valenciana de Antifraude una petición para que investigue siete expedientes realizados por el gobierno municipal a base de contratos menores y referidos a la rehabilitación de un embarcadero en la Albufera, en concreto en la gola del Pujol, junto a la CV-500.
Giner realizó el anunció antes del pleno extraordinario convocado por los grupos de la oposición donde se trataron las medidas que se toman en Valencia para frenar la propagación del coronavirus. El edil dijo que su grupo llevará a Antifraude los contratos al entender que «hay una serie de encargos a dedo que suman un importe total de 40.000 euros. Además, como ya indicamos hace unas semanas, a las dudas se suma que el equipo de gobierno sólo pidió ofertas a personas con claras vinculaciones con La Paisatgeria», explicó en relación con la firma que diseñó el cierre al tráfico de la plaza del Ayuntamiento y la habilitación de un carril bus a cuenta de un gasto de la EMT.
Detalló que «el requerimiento de información de los contratos de La Paisatgeria por parte de Antifraude es un paso más a las dos denuncias que presentó Ciudadanos, una relativa a los contratos de la EMT y otra, directamente sobre la relación del Ayuntamiento con esa empresa y sus miembros», dijo.
El grupo popular también presentó una denuncia en la misma agencia sobre los contratos para el rediseño de la plaza del Ayuntamiento, que de momento se han saldado con la entrega de documentación de los contratos por parte del gobierno municipal.
«Nos preocupa mucho lo que está ocurriendo, por eso se lo preguntamos al señor Campillo en la comisión de Ecología Urbana y echó balones fuera y responsabilizó a los funcionarios de la elección de adjudicatarios. Nos parece que el gobierno municipal está actuando con absoluta opacidad», censuró Giner.
Por su parte, el concejal de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, replicó que «todos estos expedientes han sido tramitados por el servicio Devesa-Albufera y en cada consta el informe favorable de la jefatura del servicio, del secretario del área de Ecología Urbana y de intervención. Este último tuvo carácter previo hasta la entrada en vigor, en marzo de 2018, de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, y a partir de entonces, durante la tramitación de la factura, en caso de haberse generado el gasto», para defender la legalidad del proceso desde sus inicios.
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