Al menos en dos viviendas municipales, una en el Cabanyal y otra en el barrio de Nou Moles, el Ayuntamiento tendrá que repetir el proceso para pedir su desalojo al estar ocupadas ilegalmente, como figura en una contestación del gobierno municipal al grupo de Ciudadanos.
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«El procedimiento ha caducado por haber transcurrido el término legal para resolver y notificar. Pendiente de iniciar uno nuevo», se señala sobre un bajo en la calle Goya, 28 y otro en el número 146 de la calle Barraca.
Son dos ejemplos de una paralización que se extiende a más casos y barrios. La lentitud en el proceso de desalojos es una de las críticas vecinales más frecuentes, tanto en las propiedades públicas como en las privadas. El último denunciado por una entidad vecinal sucedió en Orriols, debido a la ocupación ilegal de una finca en la avenida Constitución desde hace años.
El concejal de la formación liberal, Narciso Estellés, indicó que el gobierno municipal «no tiene entre sus prioridades el cuidado del patrimonio municipal, y eso lo sabemos porque no han iniciado ninguna acción para recuperar 13 inmuebles municipales ocupados ilegalmente. La mayoría de ellos se encuentran en el barrio del Cabanyal, aunque también hay algunos en el Carmen, Campanar y Nou Moles».
«En nuestra opinión, existe una total falta de interés por parte del gobierno de Ribó para gestionar estos desalojos. Nosotros propusimos en la comisión de Urbanismo que se iniciaran los trámites para recuperar estos inmuebles que son propiedad municipal y que están ocupados ilegalmente, y también pedimos que se diera una alternativa habitacional a las familias en caso de que fueran personas en situación de extrema vulnerabilidad», dijo.
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«Pero ha pasado el tiempo y este gobierno no ha hecho nada por solventar la situación, y eso es un problema porque están directamente contribuyendo a que se cronifique la situación y a que las familias sigan viviendo en inmuebles que son de propiedad municipal. Unas viviendas que perfectamente se podrían estar destinando al alquiler social, teniendo en cuenta la extrema escasez del parque público en esta ciudad», aseveró.
Así, recordó que la ciudad de Valencia tan solo tiene ahora mismo 167 viviendas para alquiler social, el que se orienta a las personas en una situación de extrema necesidad. «El propio gobierno reconoce en sus respuestas que el parque público es ínfimo en relación con la demanda, pero luego no hacen nada por recuperar sus propias viviendas ocupadas». Finalmente, anunció una pregunta para saber qué acciones se han adoptado para recuperar inmuebles.
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