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Hace unos días, coincidiendo con el cierre al baño de la playa de Pinedo, los hosteleros, además de criticar el abandono municipal de este espacio, pusieron sobre la mesa otros problemas que el Ayuntamiento de Valencia «no ataja en plena temporada alta», apuntaba la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV). Entre ellos, botellón y gorrillas.
Para los hosteleros, los aparcacoches ilegales provocan «en ocasiones situaciones de tensión con los clientes que quieren aparcar sus vehículos» en las zonas de playa. Y es que su presencia se ha extendido por toda la ciudad, tanto en calles del centro como en las inmediaciones de hospitales, centros comerciales o grandes avenidas.
93 denuncias en todo 2017 por ocupación de la calzada, según cifras facilitadas por el Ayuntamiento.
66 multas a los aparcacoches en 2016 en toda la ciudad, según denunció el PP.
175 sanciones envió la Policía Local al servicio de Procedimiento Sancionador en 2015.
44 zonas controladas por gorrillas repartidas por toda la ciudad Es la cifra que reconoció el Ayuntamiento a finales de 2016 en una contestación al grupo popular.
Sin embargo, su proliferación no va pareja con la imposición de multas por parte del Consistorio, ya que el número se ha reducido a la cuarta parte en los seis primeros meses del año. De las 93 registradas en todo el ejercicio pasado a las apenas 20 hasta mediados de junio de este año, según los datos facilitados por la concejalía de Protección Ciudadana al grupo municipal del PP en una pregunta formulada en un pleno.
En su respuesta, el área que dirige la edil Anaïs Menguzzato también reconocía que «no se mantiene censo alguno» de gorrillas y que las actuaciones para frenar esta situación se centran en «presencia discrecional y vigilancia».
Para el concejal del PP Alberto Mendoza los datos son reflejo del «desinterés absoluto de Ribó y su equipo por controlar la invasión de gorrillas que sufren nuestras calles». El edil criticó «la dejadez, la desidia y el desinterés de un equipo que está más por controlar al socio de gobierno que por buscar una solución o paliar un problema generalizado y que cada día se extiende más».
A su juicio, la falta de agentes en al Policía Local también influye en los datos de más gorrillas y menos multas. «Hay una política errática de personal en la que sólo cabe el enchufismo y que hace que no se puedan establecer programas de prevención para paliar este problema», señaló Mendoza, que reclamó al alcalde más medios humanos y materiales para la Policía Local.
No es la primera vez que descienden las denuncias a gorrillas, pues ya en 2016 cayeron a sólo 66 casos al únicamente multar por ocupación de calzada (artículo 49 de la Ley de Seguridad Vial) o cuando hay coacciones a los conductores.
La propia concejal de Protección Ciudadana ha reconocido en más de una ocasión que «multar a personas sin recursos es inútil» ante la imposibilidad de pagar y que la solución debe venir de la atención social a estas personas, aspecto que también ha extendido a los manteros y la proliferación de la venta ilegal en el cap i casal. En la futura ordenanza de civismo en el espacio público la intención del Ayuntamiento es que se aborde este tema dentro de la mendicidad.
Por su parte, el presidente de la asociación de pubs de Valencia, Tico Corrons, criticó la permisividad municipal con los gorrillas. «Al igual que sucede con el botellón se ha convertido en algo incontrolable que, en este caso, provoca molestias a los vecinos o clientes», dijo. Por ello, abogó por más presencia policial y por medidas de carácter social.
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