Urbanismo aboga por el derribo de Bloque Portuarios para construir fincas nuevas

El concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, se ha mostrado esta mañana partidario de derribar las 168 viviendas de Bloque Portuarios para volver a edificar fincas nuevas. El edil justifica esta decisión en el informe encargado por Aumsa que habla de graves daños en pilares y forjados, con una situación de ruina económica para los inmuebles del Cabanyal.

La inversión prevista en el estudio, a la espera de las bajas que habrá en el concurso, asciende a 13,76 millones de euros, lo que supone un gasto de 81.916 euros para cada uno de los propietarios. Sarrià ha dicho que la Administración «no puede regalar una casa a nadie ni dar ayudas a fondo perdido», aunque ha garantizado que habrá ayudas y realojos provisionales para los afectados, en caso de que el Consistorio decida esa opción.

De las 168 viviendas, 77 son de propiedad pública y 91 privadas. Medio centenar están ocupadas ilegalmente, lo que ha contribuido a la degradación de los inmuebles, donde la estructura, según han relatado los autores del estudio, tiene la vida útil ya superada. Esto no supone que sea necesario el desalojo, han matizado, aunque sí han sido tajantes al considerar que no es viable acometer reparaciones puntuales. Sólo la parte de la consolidación asciende a unos seis millones de euros.

¿Cuándo se tomará la decisión? Primero debe haber consenso entre los propios socios del gobierno municipal, donde València en Comú ha encargado otro informe, a través del servicio de Vivienda, que ofrece una alternativa más pensada en «reparaciones», según ha comentado Sarrià. Cuando se haya pactado si habrá una rehabilitación de las fincas actuales o la construcción de nuevas, entonces se hablará con la Generalitat, propietaria a su vez de 36 pisos.

Bloque Portuarios está fuera de ordenación, por lo que primero habrá que incluirlo en el Plan del Cabanyal, Este documento no saldrá para su exposición al público hasta que se acuerde el futuro de los inmuebles. La plataforma vecinal se opone a la propuesta del Ayuntamiento por el elevado coste, donde la ayuda máxima sería de tres millones de euros en caso de que se opte por la reconstrucción.

El instrumento elegido por el Consistorio es tramitar el proyecto a través de un Plan de Actuación Aislada, donde los residentes que se nieguen a participar tendrían que acogerse a la expropiación de sus viviendas.