Educación obliga a los concertados a aplicar ya las normas de transexualidad

Todos los colegios concertados están obligados desde este curso a aplicar las normas que fija la Conselleria de Educación para atender al alumnado transexual de sus centros, una medida que se desprende de la ley de reconocimiento del derecho a la identidad de género publicada en abril y que se ha concretado y desarrollado con el decreto que entró en vigor el pasado día 1. Esta última normativa es la que deja claro cómo proceder, al establecer que «el protocolo de atención educativa que apruebe la conselleria competente será de obligado cumplimiento para todos los centros sostenidos con fondos públicos».

Aunque del texto se desprende la posibilidad de que se impulse un nuevo reglamento, en realidad ya existe un documento oficial que recoge todos los aspectos referidos a la escuela y la identidad de género, exactamente desde finales de 2016. La diferencia es que esta instrucción sólo era obligatoria para la red pública y opcional para el resto.

Es decir, el cambio está en el ámbito de aplicación -ahora será para los de titularidad de la Generalitat y para los privados-concertados-, una medida que no acaba de convencer en el sector no tanto por el contenido sino por las formas.

El protocolo ya publicado fija pautas de actuación para atajar cualquier síntoma de discriminación y acoso hacia una personal transexual de la comunidad educativa, medidas de asesoramiento y organización, criterios a seguir en los planes de formación del profesorado y sensibilización o mecanismos de mediación en caso de que la familia no acepte la identidad sentida por el alumno.

Por ejemplo, en cuanto a cuestiones organizativas, los centros deben adaptar la documentación administrativa de acuerdo al nombre y el género con el que se siente identificado el estudiante, dirigirse a su persona con el nombre y adscripción que haya elegido, garantizar la libertad de vestimenta y el acceso a los lavabos o vestuarios que se desee.

Desde los centros consultados por LAS PROVINCIAS coinciden en la importancia de que las escuelas sean espacios de tolerancia cero ante cualquier discriminación, aunque también se destaca que la imposición de un protocolo sobre esta cuestión puede chocar con el derecho a tener un ideario propio que puede no coincidir con algunos preceptos que se recogen en el mismo.

«Puede atentar contra la forma de entender la educación de un colegio, por ejemplo, que más allá del necesario respeto a la diversidad no quiera que se introduzcan aspectos que tengan que ver con la ideología de género, que no siempre es aceptada por todas las familias», explican desde un centro valenciano, que alega también que la publicación del decreto apenas da tiempo para adaptar sus proyectos educativos, planes de convivencia y normas internas.

Fuentes jurídicas añaden además que la norma también podría entrar en colisión con derechos constitucionales como el de libertad ideológica, de conciencia, religiosa e incluso con el de creación de centros docentes. De hecho, desde el sector concertado se señala que se estudia la posibilidad de llevar ante los tribunales la norma por esta «invasión competencial». En este sentido, el Consell Jurídic Consultiu ya cuestionó el obligado cumplimiento que ya deslizaba en el proyecto de ley para los centros con ideario propio.

Desde la dirección de otro colegio trasladan una reflexión similar. «¿Dónde queda la libertad y autonomía para aplicar un ideario? Incluso en los centros públicos, que también son autónomos para decidir horarios, proyecto educativo o extraescolares... ¿Por qué ese afán regulador?», se preguntan.

Tras la publicación del protocolo para la enseñanza pública, desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica, en colaboración con otras organizaciones confesionales, se publicó un documento alternativo para los colegios «que quieran educar a la persona en una antropología adecuada al carácter propio del centro». Incluye coincidencias con el primero, como la tolerancia cero a la discriminación o el protocolo de actuación ante casos de acoso, así como el tratamiento de la cuestión desde la sensibilidad, aunque en temas como la vestimenta o el uso de instalaciones se sugiere adecuarlas a la identidad sexual que conste en el Registro Civil.