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La empresa SELACEM, promotora de una residencia de estudiantes de 540 plazas en el barrio de Zaidía, ha presentado un recurso de reposición en el Ayuntamiento ... contra la paralización de los derribos de unas naves y el retraso en la concesión de la licencia de obras. En el escrito se indica que se presentará otro con una reclamación por daños y perjuicios que asciende a 33 millones de euros.
«Como consecuencia de las resoluciones recurridas a mi representada y a la propiedad del terreno se les está produciendo ya un perjuicio económico cierto y evaluable económicamente por cada día de retraso en la concesión de la licencia de derribo o en el reconocimiento del título habilitante para proseguir su ejecución», se indica en el documento al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS.
La cantidad que estiman por todo esto es de 33 millones de euros, donde se añade además que cada día que pase sumarán 4.500 euros. La cuenta para esto último se hará desde dos meses después de que se presentase la licencia, en el primer trimestre de 2020, precisaron.
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«Del pago de dicha indemnización es responsable el Ayuntamiento de Valencia sin perjuicio de la acción de regreso y reintegro al erario público contra el patrimonio de los responsables públicos individuales», advierten en el escrito.
El gobierno municipal acordó a finales de diciembre la paralización de las obras, el mismo día que la propiedad inició la demolición de una de las naves, con la cobertura jurídica de una declaración responsable. El freno se debe al movimiento vecinal generado en contra del proyecto, en un patio de manzana delimitado por las calles San Bruno, Sagunto, Padre Urbano y Luz Casanova.
En ese patio se encuentran varias naves industriales cuyo proyecto se remonta a 1935. En el documento enviado al Ayuntamiento se indica que carecen de valor para su protección patrimonial, lo que es avalado por cinco informes distintos, uno del propio servicio de Planeamiento del Consistorio.
El alcalde Ribó ya señaló en el pleno de diciembre que la declaración de Bien de Relevancia Local era algo complicado, anticipándose a esta situación. Posteriormente propuso un acuerdo para una «indemnización o un traslado de edificabilidad», repitiendo la misma jugada que se hizo hace años con el solar de Jesuitas.
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