Las empresas de alquiler de motos en las calles de Valencia dispondrán de un máximo de 133 vehículos para ofrecer a sus clientes. Esa es ... la cifra que aparece en la notificación enviada por la concejalía de Espacio Público a las compañías del sector y que presenta como una premisa obligada para otorgar la autorización que necesitan.
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El tope se basa en el reparto equitativo de las 2.000 plazas máximas establecidas en el informe de la concejalía de Movilidad de diciembre de 2020, donde se dejaba fuera de la regulación a los patinetes y las bicicletas, al suponer un problema para los peatones por la ocupación de las aceras. El Ayuntamiento ha recibido 15 propuestas viables que aspiran a los permisos, anuales y con un máximo de cuatro años.
Fuentes cercanas al sector señalaron su sorpresa por la cifra tan exigua de motos de alquiler por empresa. «Las que ya están implantadas tendrán que reducir su flota y para las nuevas algo más de un centenar de vehículos no sale rentable», aseguraron. El escrito no deja lugar a dudas, al indicar que las autorizaciones demaniales no pueden superarla.
En el citado informe aparecen seis empresas que suman un total de 2.073 motos de alquiler. Desde entonces, la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 ha provocado el cierre de varias de estas compañías. La primera fue Molo, que optaba por una tarifa plana en lugar del modelo habitual, mientras que hace poco fue noticia la permanencia en las calles de decenas de unidades de Muving (llegó a tener 455 en activo), que la Policía Local ha empezado a notificar como vehículos abandonados.
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Aún así, la vuelta del turismo llegará, mientras que para los vecinos de Valencia este tipo de vehículos es una alternativa al vehículo propio. La regulación sí que está vigente desde 2020 en el aspecto fiscal, aunque de momento se ha recaudado poco. Entre las que subsisten, en septiembre de 2020 aparecía la firma Cooltra con 331 unidades, mientras que Acciona se iba hasta las 559 y Yego a las 500.
El concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, señaló ayer que la previsión en 2022 es llegar a una recaudación de 200.000 euros, aunque este ejercicio se haya cobrado tan poco. A falta de las autorizaciones que concederá Espacio Público, los técnicos de Gestión Tributaria realizaron un trabajo acerca de las empresas que trabajan en Valencia en el sector para girar los recibos, dado que en la práctica ya están utilizando las calles para estacionar.
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Así, a 30 de septiembre de 2021 había una recaudación de 23.833 euros, mientras que se espera acabar el ejercicio con 25.000 euros en total. Una cifra exigua sobre todo por la falta de regulación completa. Algunas empresas llegaron a promover, sin ningún tipo de permiso, el alquiler de patinetes eléctricos o incluso bicicletas, por lo que fueron decomisadas por la Policía Local. La concesión para este último vehículo sigue en manos de la empresa Valenbisi, vinculada a soportes publicitarios.
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