Las empresas de motos de alquiler cargan contra el tope de vehículos en Valencia

Smart Mobility, el colectivo de empresas de movilidad sostenible y compartida, ha remitido este martes una carta al Ayuntamiento de Valencia para responder a la decisión de limitar el número de motocicletas eléctricas compartidas que las compañías del sector podrán desplegar en la ciudad. Como publicó LAS PROVINCIAS, la notificación llegada a las sociedades es que el máximo será de 133 vehículos por operador, a la vista de que se han interesado 15 entidades en este tipo de actividad. El tope fijado por la concejalía de Movilidad es de 2.000 unidades.

Esta decisión, a juicio del colectivo, limitará la oferta de motosharing disponible (situándola muy por debajo de la demanda actual) y pondrá en riesgo el correcto funcionamiento y la viabilidad de este modelo de movilidad en Valencia.

La asociación asegura que esta decisión sólo provocará graves perjuicios para los ciudadanos, que verán limitadas sus opciones de movilidad, y supondrá un freno a los objetivos de sostenibilidad de Valencia. Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que esta decisión se haya tomado sin haber abierto un periodo de consulta y de diálogo previo con el sector.

Por esta razón reclama que se abra «una vía de diálogo constructivo que, por un lado, permita a las asociaciones y operadores conocer las preocupaciones del Ayuntamiento, para trabajar conjuntamente en la forma de resolverlas, y que, por otro, dé a la autoridad municipal la oportunidad de conocer el uso que los valencianos hacen del servicio y valorar la contribución que realiza este modo de transporte».

El colectivo recuerda que, según lo establecido en el artículo 14 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, los territorios con una población superior a 50.000 habitantes tienen la obligación legal de fomentar la movilidad eléctrica compartida.