Después de más de dos décadas de anuncios, promesas de inversión, reformas parciales e indignación por parte de los sindicatos policiales por el ruinoso estado de Zapadores, Gobierno y Generalitat volvieron a escenificar ayer en Valencia la enésima promesa sobre el ... proyecto y sus loables propósitos: reconvertir el viejo y deficiente edificio en «una sede moderna para el futuro que mejore el trabajo de los agentes y el servicio a los cuidadanos».
Pero eso será si se cumplen los plazos y no surgen nuevas prioridades o urgencias presupuestarias que obliguen a aplazar, una vez más, la principal deuda que el Ejecutivo arrastra con la Comunitat en materia de infraestructura policial. La propia delegada del Gobierno en la Comunitat, Gloria Calero, reconoció que la reforma de Zapadores arrastra una estela de tropiezos: «Tras muchos anuncios e intentos fallidos por fin hoy vemos el camino para que sea realidad un sueño añorado por la policía».
El director general de la Policía, Francisco Pardo, expuso ayer los detalles esenciales. Se trata de una inversión de 30 millones de euros, cifra que se anunció ya a mediados de 2019 y convierte el proyecto en «el esfuerzo en infraestructuras policiales más importante de España». Está llamado a convertir Zapadores en una suerte de moderna ciudad de la Policía que sustituya en importancia y cantidad de unidades a la Jefatura Superior de la calle Ramón y Cajal.
Actualmente se está redactando el proyecto de ejecución. La intención es que se revise en el primer trimestre de 2022, salga a concurso la obra en el segundo y, ya en el tercero, si todos los trámites administrativos van viento en popa, arranquen al fin las obras. «Durarían 24 meses y se harían en una sola fase», avanzó Pardo.
El dinero para la nueva Zapadores forma parte de una inyección más amplia de 41 millones que incluye, entre otras mejoras, dos nuevas comisarías, una en Vila-real y otra en Benidorm. El complejo policial de Zapadores lleva en funcionamiento desde 1987. Con una superficie de más de 34.000 metros cuadrados, las obras afectan casi a su mitad. El nuevo edificio está llamado a acoger la inmensa mayoría de las unidades policiales que hoy operan en Valencia, incluidas algunas que hoy están en la Jefatura de Ramón y Cajal. Además,habrá un aparcamiento subterráneo con 163 plazas.
Otra de las promesas aparcadas es dotar a la Policía de la Generalitat de los 500 agentes que marca el convenio. Aún no hay fecha para alcanzar esa cifra, algo supeditado al incremento de agentes estatales.