Un error judicial retrasa el proceso a Fuset por el accidente mortal de Viveros

El concejal Pere Fuset aguarda con impaciencia la fecha del juicio por el accidente mortal de Viveros. Confía en su absolución y, además, sostiene que ese es el primer paso para recuperar de nuevo su responsabilidad al frente de la Concejalía de Fiestas. La apertura de juicio por la muerte de un operario durante el montaje de una grada para el concierto de Viveros hizo que le apartaran de su responsabilidad al frente de las Fallas. Pero conservó su acta. Y su sueldo.

Ahora, un error judicial le ha perjudicado en su deseo de que se celebre cuanto antes. Tras la apertura de juicio, el caso se remitió al decanato que por orden de reparto lo envió al juzgado de lo Penal que se encargará de enjuiciar los hechos. Existe un orden previamente establecido, de acuerdo a determinados criterios, para que todos los juzgados tengan una carga proporcional de trabajo.

El asunto llegó al Penal 9 de Valencia. Pero el titular decidió devolverlo al percatarse de que se había utilizado un criterio que no correspondía al de esta causa. Así, el asunto de Fuset debió encuadrarse en la categoría que incluye procedimientos entre 10 y 20 partes, entre acusados y acusaciones. El expediente ha regresado a la Oficina de Registro y Reparto para que se decida el juzgado al que le corresponde con los nuevos criterios. Una vez el expediente sea enviado, el órgano pondrá fecha para la vista. Lo más probable es que se celebre a finales de este año o comienzos del próximo ejercicio. Este error del decanato retrasa lógicamente todo el proceso.

Fuset se enfrenta a cinco años de prisión por la muerte de un operario mientras montaba las gradas. La Inspección de Trabajo sancionó con 40.000 euros al Consistorio por las irregularidades. Fuset será el primer concejal de este Gobierno que sea juzgado. Se sentará en el banquillo acusado de un delito de homicidio imprudente. La Fiscalía, no obstante, no le considera responsable. La Audiencia avaló en su día los indicios de criminalidad contra el edil de Compromís, que ya había apreciado el juez de instrucción. «Tomó la decisión de su realización -se refiere a las gradas- al margen de la legalidad y despreocupándose de las medidas de seguridad para los trabajadores», según la Sala.