La EMT y la directiva despedida se enrocan en sus posiciones

Una breve recapitulación de lo ocurrido hace casi tres años en la sede de Correo Viejo. En pleno mes de septiembre, con buena parte de la plantilla de vacaciones, la entonces directora de Administración de la mercantil, Celia Zafra, recibe un correo electrónico de un supuesto abogado de Deloitte que le dice que la EMT va a comprar una empresa china y necesita hacer una transferencia de casi 7 millones de euros. Mediante distintas llamadas, una trama internacional de ladrones se gana la confianza de la directiva que en ocho transferencias remitidas por pdf a CaixaBank envía inadvertidamente 4,04 millones de euros a dos cuentas del Bank of China en Hong Kong sin que nadie de la empresa lo supiera porque los ladrones la convencieron, haciéndose pasar por Grezzi, de que la operación era secreta. Zafra fue despedida y es la única investigada tanto en el juzgado de instrucción número 18 de Valencia como en el Tribunal de Cuentas.

El abogado de Celia Zafra, Rafa Guía, ha explicado este martes que ambas partes han defendido las posturas que defienden desde el primer día. Por parte de la EMT ha acudido el presidente de la entidad, Giuseppe Grezzi, que ha defendido que Zafra es la única culpable de lo ocurrido. Cabe recordar que cuando la comisión de investigación creada tras el fraude emitió sus conclusiones, entre ellas incluyó que el entonces gerente, Josep Enric Garcia Alemany, también era responsable, algo a lo que Compromís siempre se había negado. Garcia Alemany fue cesado poco antes de publicarse las conclusiones de la comisión.

Por su parte, Guía y Zafra defendieron que es «injusto» que la exdirectiva tenga que pagar de su cuenta los cuatro millones de euros, una cantidad que, obviamente, tampoco tiene. «Confiamos en que la verdad prevalecerá», ha comentado Guía, que ha explicado que el juicio ha sido largo porque han intervenido Grezzi, Zafra, seis empleados de la entidad y tres peritos, más o menos la misma cantidad de testigos que en el juicio laboral que declaró improcedente el despido de Zafra (sentencia más tarde modificada y que ahora está en el Tribunal Supremo).

La defensa de Zafra ha insistido en que la directiva fue engañada por técnicas de ingeniería social, como confirmaron los peritos de Telefónica que en octubre de 2019 analizaron los ordenadores de Zafra, que la hicieron creer que hablaba con una empresa de prestigio y que contaba con el beneplácito de Grezzi. Además, en el juicio laboral quedó acreditado el poco esfuerzo que la empresa ponía en la formación contra este tipo de fraudes informáticos, para los que los empleados de más edad podían no estar perfectamente adaptados.

A juicio de Guía, las preguntas del juez fueron «muy incisivas y pertinentes». El magistrado es Diego Iñiguez Hernández, cuya presencia en la sala este martes ha levantado no pocas cejas. El motivo es que el consejero se considera uno de los hombres fuertes dentro del Tribunal de Cuentas. No en vano fue nombrado en noviembre de 2021 tras ser jefe de gabinete del Ministerio de Defensa de Margarita Robles. Es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1993. Ha sido titular del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 4 de la Audiencia Nacional, miembro de la Oficina Europea de Patentes, en cuya asesoría jurídica estuvo destinado, y titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Bilbao.

Iñiguez Hernández es también doctor en Derecho por la Universidad de Cantabria y ha sido director de Recursos humanos y gestión del talento en la sociedad mercantil estatal Paradores y consejero de información y educación y ciencia en las embajadas de Alemania, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. Asimismo, ha sido asesor de los ministerios de Justicia, Interior y Educación y Cultura.

La sentencia llegará en próximas fechas: podría ser una semana que un mes. De considerar a Zafra responsable, la extrabajadora tendría que hacer frente a esos cuatro millones de euros, aunque su abogado ya confirma que no dispone de esa cantidad, ni siquiera en patrimonio. De no poder pagar el dinero, la sentencia no se podría ejecutar, como ocurre a menudo en este tipo de procedimientos por alcance que se siguen en el Tribunal de Cuentas. Este diario intentó este martes hablar con la EMT para pedir su versión de lo ocurrido en Madrid pero fuentes de la empresa se limitaron a declinar hacer cualquier declaración.