La falta de funcionarios obligó a dejar de multar en parte de la APR de Ciutat Vella

«Los meses de octubre a diciembre de 2024 coinciden con un pico de trabajo en la tramitación de las tarjetas de residentes de la ORA y los recursos humanos que se han de destinar a esa tarea son los mismos del APR. Ello, unido a los traslados de personal como consecuencia de los procesos de estabilización convocados por el actual gobierno después de años de dejación, ha provocado que se exceda el plazo de tramitación que se había previsto de 15 días (en un escenario de funcionamiento ordinario) provocando el descarte automático de boletines de determinadas cámaras y siendo esta la razón de la falta de sanciones en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024», indica la concejalía en una nota interior a la que ha tenido acceso este diario.

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Álex Serrano López

El documento también desvela que no hay ni rastro de esos problemas técnicos de los que habló el Consistorio en enero, después de la denuncia del PSPV. «El Ayuntamiento de Valencia está trabajando en averiguar el problema técnico porque las cámaras funcionan, ya que registran los pasos pero en algunos meses y algunas cámaras no se registran los accesos indebidos en diversas ocasiones, como se puede ver en los datos facilitados a la oposición en la actualidad. Este equipo de gobierno es transparente y lo que no es tolerables es la manipulación de la situación que ellos ya tuvieron desde que las activaron», indicaba el equipo de gobierno en la respuesta.

Sin embargo, en la nota interior se desvela que ese problema no existe. «La APR dispone de herramientas que realizan un control temprano de problemas en la operación de las cámaras y emiten avisos automáticos. Es de destacar que esta herramienta se puso en servicio el tercer trimestre de 2023 con el fin de realizar un control continuado y preventivo del correcto funcionamiento del sistema para evitar los 'apagones'. Una vez verificado que el programa de alerta temprana funcionaba correctamente y que no se habían emitido alertas por fallos de las cámaras se continuó buscando el error», reza la nota. Las matrículas estaban bien registradas en el sistema, por lo que el problema debía estar en otro sitio.

Y ese sitio es la falta de personal. «La revisión de las fotografías tiene un plazo programado de 15 días transcurrido el cual los boletines se descartan de forma automática si no han sido revisados. Este plazo programado lo fue ya con el anterior gobierno y su justificación radica en que los plazos para tramitar las sanciones son exiguos y la experiencia acumulada desde la implantación de la APR ha demostrado que si se tramitan las sanciones una vez transcurrido ese plazo, suelen ser desestimados», asegura la nota. Fuentes de la concejalía de Movilidad han insistido en los trabajos que llevan a cabo para automatizar el sistema, que ahora requiere «una ingente cantidad de personal». Desde el Consistorio confían que el nuevo sistema de la Zona de Bajas Emisiones «mejore ostensiblemente» el control.

Las mismas fuentes recordaron que en 8 meses del año 2022 varias cámaras dejaron de multar. Fueron las de Corona, Portal Nou, Salvador, Brujas y María Cristina, que en 2022 detectaron pasos pero no sanciones en octubre, noviembre y diciembre y en María Cristina de enero a mayo no registró ni pasos ni sanciones y tampoco de octubre a diciembre; en Brujas no detectó sanciones en abril y mayo.