La Federación vecinal alega contra la ordenanza del ruido en Valencia al considerar que se queda corta

La Federación de Vecinos de Valencia ha presentado alegaciones a la ordenanza de protección contra la contaminación acústica, una norma calificada por la presidenta vecinal, María José Broseta, de «insuficiente y, en muchos casos, poco realista».

«Una ordenanza debe tener como objetivo que se haga cumplir y, en este caso, además que solucione el problema de saturación acústica que sufren muchos barrios», destacó Broseta. «Por eso, hemos presentado una serie de consideraciones para facilitar la aplicación y ejecución de las previsiones de la propia ordenanza», añadió.

En relación a las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), la alegación vecinal incide en que se tenga en cuenta el nivel sonoro del tráfico para que la contaminación acústica ya existente no se vea incrementada con el sonido de los locales de ocio.

Dentro de las consideraciones presentadas por la Federación se recoge la reducción del horario ordinario autorizado para los trabajos en la vía pública, así como que las restricciones por molestias de ruido no sean solo referentes al horario sino también del espacio a ocupar.

Otra demanda es que se suprima la relación de actos eximidos con motivos de fiestas y que se realice un estudio y regulación de los niveles máximos para cada uno de ellos. También, que los comportamientos no tolerables se centren en la actividad y no en la ciudadanía. Finalmente, el documento de alegaciones plantea que se tengan en cuenta los permisos de las comunidades de propietarios para las instalaciones de aparatos de aire acondicionado.

Tras conocerse la petición de la Federación de Hostelería en la que se reclama que se penalice a los vecinos que denuncien incorrectamente, la entidad vecinal subrayó la improcedencia de esta reclamación. «En primer lugar habría que tener claro cuánto supone el número de denuncias falsas que pueda haber respecto al total y si se deben a mala fe o un posible desconocimiento», dijo Broseta.

Manifestó que para evitar este tipo de situaciones, «el mecanismo no puede ser en ningún caso la penalización o las restricciones a la ciudadanía», hecho que a su juicio supondría un agravio comparativo según el nivel de renta de cada persona, «sino más bien se debería hacer un esfuerzo por parte de la Administración para que la ciudadanía conozca la normativa», concluyó.

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