La fiscalía plantea a los procesados del accidente del metro de Valencia un pacto para evitar la prisión

Llegar a un acuerdo de conformidad previo al juicio en el que los procesados acepten su culpabilidad y responsabilidad penal en la causa por el accidente del metro con 43 muertos. A cambio, la fiscalía pondría encima de la mesa una petición de pena que en ningún caso supondría ingreso en prisión de los encausados, barajándose una multa e inhabilitación profesional. Este es el pacto que el ministerio público ha planteado al menos a parte de los exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana investigados por el siniestro, según ha podido saber LAS PROVINCIAS. El ofrecimiento se ha producido en una conversación informal de la fiscal con la representación letrada de los investigados, sin que por el momento se haya concretado en un ofrecimiento procesal concreto y sin que tampoco los encausados se hayan pronunciado por ahora acerca de si aceptarían o no el posible pacto. El acuerdo implicaría que los procesados se tendrían que declarar culpables ante el juez de lo penal que asumiera el enjuiciamiento. La Fiscalía lograría así una condena por la que lleva peleando tras 12 años de investigación. A cambio, las penas en ningún caso serían susceptibles de ingreso en prisión (algo que ocurre a partir de los dos años de cárcel) y podrían quedarse en una multa e inhabilitación profesional.

El embrionario ofrecimiento, en el caso de verse materializado finalmente en un acuerdo de conformidad (que puede ser aceptado por unos encausados, a los que la fiscal no acusaría, y rechazado por otros), en ningún caso significaría que no vaya a celebrarse juicio. Sobre todo, porque la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de julio (AVM3J) difícilmente aceptaría dejar de acusar a los procesados a raíz del posible pacto de conformidad. Y si los abogados de las víctimas mantienen la acusación, los investigados se sentarán en el banquillo del juzgado de lo penal.

Este puede ser uno de los elementos que podría llevar a los procesados a rechazar el ofrecimiento de la fiscal, ya que a pesar del acuerdo alcanzado con el ministerio público (que supondría que este no ejerciera la acusación durante la vista), el juicio acabaría celebrándose, con la consiguiente exposición pública de los ex altos cargos de FGV durante un proceso que se prolongaría durante varios meses.

El hecho de no estar en el foco de la opinión pública durante tanto tiempo es uno de los aspectos que los procesados pueden poner en la balanza del 'sí' a la hora de aceptar declararse culpables como ha planteado la fiscal. Sin descartar tampoco que aspectos económicos puedan influir en la toma de la decisión: el aumento de los honorarios de los abogados a pagar por los investigados aumentará notablemente a medida que el proceso se siga alargando.

Los investigados que formaron parte de la cúpula de FGV y ahora procesados son la exgerente Marisa Gracia; el ex jefe de Talleres, Luis Miguel Domingo; el exdirector de Operaciones, Manuel Sansano; el que fuera responsable de la auditoría para la seguridad y circulación, Juan José Gimeno; el exjefe de la Línea 1, Sebastián Argente; Francisco García y Vicente Contreras, respectivamente director técnico y adjunto de Explotación; y Francisco Orts, que encabezaba la dirección de Estudios y Proyectos.

Otro elemento que los procesados pueden tener en cuenta, al menos tres de ellos, si se hace efectivo el ofrecimiento de una conformidad es la concurrencia de otro proceso penal en el horizonte: el juicio que tiene previsto celebrarse en febrero y en el que la Fiscalía reclama seis años de prisión para la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Marisa Gracia, además de para Vicente Contreras y Manuel Sansano, por amañar la adjudicación de un contrato de seguridad por valor de 846.000 euros, como sostiene la acusación del ministerio público.

En el hipotético caso de que los dos procesos acabaran con sentencia de pena privativa de libertad, cualquiera de los tres ex altos cargos podría terminar en la cárcel, aunque alguna de las sentencias fuera inferior a los dos años de prisión. Ello puede hacer que los procesados del metro se decanten por aceptar el pacto.

El ofrecimiento de acuerdo llega antes incluso de que las partes emitan sus escritos de acusación. El juzgado debe decidir ahora si amplia de 10 a 20 días el plazo concedido para este trámite. Cuatro de los procesados ya han planteado a la magistrada la exigencia de archivo, al considerar que la Línea 1 era segura sin baliza de emergencia y con el sistema de frenado FAP. Tanto la AVM3J como otra acusación particular han pedido al juzgado de instrucción número 21 que fije en 20 días el límite para esta fase.

El juzgado ya ha digitalizado la causa y entregado por este método a las partes el resultado de uns instrucción que se traduce en 37 tomos y 10.046 folios.