El fracaso del Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación aprobada hace casi un año por el Gobierno para prevenir el riesgo de pobreza, debía convertirse en una tabla salvavidas para aquellas personas que peor lo están pasando estos días. Sin embargo, en la Comunitat Valenciana no parece estar cumpliendo esas expectativas en las que tantos habían depositado sus esperanzas. Del aluvión de peticiones presentadas, pocas son las aprobadas. De hecho, esta ayuda sólo ha llegado a una de cada cinco familias que la han solicitado.

Los números difundidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reflejan ese importante número de denegaciones. En el caso de la Comunitat, se contabilizan 152.218 expedientes válidos, más de 69.600 de Valencia, casi 67.300 de Alicante y 15.200 de Castellón. De estas peticiones se han tramitado 117.433 y de ellas tan sólo 28.702 se han concedido, frente a las 86.388 rechazadas, y hay 2.343 en proceso de subsanación.

Desde el Gobierno indican que abonan esta prestación a 27.640 hogares valencianos, con casi 74.500 beneficiarios, un dato que incluye a cónyuges y a más de 31.578 menores. La cuantía media mensual en la Comunitat está en 459,58 euros, 37 céntimos menos que la media estatal.

Este volumen de solicitudes está teniendo efectos colaterales en los Servicios Sociales de Atención Primaria, que se traducen en «colapsos». Según denuncia el Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia, esos servicios están teniendo que expedir certificados para las solicitudes del IMV cuando esa no es una tarea que les tocaría hacer. También recalca que la gestión de esa prestación «no es acorde con la situación de urgencia del momento» y por ello ha pedido a la conselleria que inste al Gobierno a que trabaje hacia una Renta Básica Universal, lo que implicaría destinar más dotación de personal y descongestionaría su labor.

Pero tras todas esas cifras y certificados hay personas que están atravesando momentos muy difíciles, que están recurriendo a colectivos como Casa Caridad, Cruz Roja, Cáritas o el Banco de Alimentos para poder poner un plato de comida en la mesa o para que les ayuden en las solicitudes de prestaciones.

Ester, de 29 años, vive con sus padres y su hermano en el Cabanyal. Los cuatro viven con los 450 euros del subsidio que cobra su padre. Ese dinero resulta insuficiente para pagar la hipoteca de la vivienda, los gastos del hogar. «Llevamos desde noviembre acudiendo todos los meses al Banco de Alimentos», explica, y con lo que allí le dan tienen para un par de semanas.

Su madre pidió el IMV y en octubre les llegó denegado. Se están planteando volver a presentar otra solicitud. Pero esta vez a nombre de otro miembro de la familia para ver si hay más suerte. Mientras tanto, no cejan en la búsqueda de un trabajo.

Y. Sánchez, que vive en Valencia, tampoco ha podido disfrutar de ese ingreso. Ha tenido que recurrir al Banco de Alimentos y a Cáritas para que su familia tenga comida. Además, desde esta última organización le están ayudando en la búsqueda de empleo.

Otra vecina de Valencia, víctima de violencia machista, lleva sin tener ingresos desde septiembre. Vive de lo que le consigue la trabajadora social. «No tengo ni para mascarillas, ni para comida, incluso he cogido pan de la calle porque no tengo nada», relata con voz quebrada. Solicitó una pensión no contributiva y, como está tardando, quería pedir el IMV, pero la trabajadora social le dijo que por su edad no se la darían.

Elena, de Mislata, en cambio, ha tenido suerte y le han concedido 855 euros. Sola y con dos hijos menores a su cargo, este ingreso supone un respiro. Hasta que se lo aprobaron, carecía de recursos y necesitó ayuda de sus padres para pagar la hipoteca. Ahora está apuntada a un plan de Cruz Roja para buscar empleo porque ella prefiere ganarse su sustento.

Alba es otra de las personas a las que le han dado el IMV, pero no se considera afortunada. «Me obligaron a pedirlo porque de no hacerlo me quitarían la Renta Valenciana de Inclusión. Al final me lo concedieron pero en noviembre me quitaron la valenciana», lamenta. Ella antes percibía 699 euros y ahora sólo 300, por lo que sale perdiendo. Su marido se quedó sin trabajo y se le ha acabado el paro. Así que con ese dinero deben salir adelante ellos y sus cuatro hijos de entre 2 y 8 años.

Raúl Lafuente es un vecino del barrio Marítimo de Valencia que pronto cumplirá 42 años. Vive solo, lleva un par de años sin trabajo, desde que se le acabó el contrato de repartidor de butano, y cobra un subsidio de 450 euros. Con esa cantidad no tiene suficiente para salir adelante, ya que ha de pasar 300 euros a su exmujer para la manutención de sus dos hijos. «Entre eso y los gastos no tengo ni para comer», reconoce con pena. Eso le ha llevado a acudir al Banco de Alimentos para conseguir comida. El pasado junio solicitó el Ingreso Mínimo Vital. Tardaron en contestar y la respuesta que recibió fue que se lo habían denegado.

Raúl no entiende cómo es posible que los políticos no hagan algo para evitar que los ciudadanos pasen tantas penurias y para acabar con las colas del hambre. «Es una vergüenza que el Gobierno permita esto y no dé ayudas», critica sin ocultar su enfado con los gobernantes. Raúl no ha dejado de buscar trabajo. Lo ve complicado, aunque no piensa rendirse. Ya se sobrepuso años atrás a múltiples heridas tras caer desde un quinto piso y ahora piensa seguir luchando.

Alejandro Zambrano y su pareja Eliana viven en Valencia. La llegada de la pandemia supuso un importante revés porque la crisis sanitaria comenzó después de que él montara un negocio de importación de alimentos y quedó endeudado. Lleva un año sin trabajo y eso ha hecho mella. Sin ingresos y con facturas de alquiler, luz, agua y teléfono, les ha llevado buscar hasta debajo de las piedras para salir adelante, porque además tienen un menor de 14 años a su cargo. Eliana decidió pedir el Ingreso Mínimo Vital. Al final se lo denegaron y ahora es Alejandro quien va a probar suerte. En su caso, su abogada le había dicho que tenía derecho a una ayuda como autónomo, pero «con los requisitos que ponen es imposible», recalca. Además hace hincapié en que «España tiene dinero de Europa, pero no sé dónde se queda».

Para Alejandro, esta es una situación nueva: «Es la primera vez en la vida que tengo que pedir una ayuda». Comen de lo que les da el Banco de Alimentos y Eliana tiene una tarjeta del economato de Cáritas. Eso les permite ir aguantando. También su casero ha sido comprensivo y no les ha cobrado dos mensualidades. Ya ha mandado más de 200 currículums y ha hecho varias entrevistas. Espera encontrar trabajo pronto para salir a flote.