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Redacción
Valencia
Jueves, 17 de febrero 2022, 19:34
Este viernes se celebrará en la sala de lo Contencioso-Administrativo de Valencia número 10 un juicio contra el Ayuntamiento de Valencia por la denuncia presentada por dos funcionarias municipales que señalan presuntas irregularidades en el funcionamiento de una bolsa de trabajo temporal de auxiliares administrativos.
La bolsa a la que hacen referencia se convocó en 2016 y según detalla una de las denunciantes, «esta bolsa constaba de un examen tipo test sobre ocho temas. Había un concurso de méritos donde se puntuaba el poseer títulos de valenciano y había una prueba práctica de manejo de programas de ordenador y de redacción de escritos en unos tiempos determinados».
Según la denunciante, «de las 1.035 personas presentadas sólo aprobaron todo 150 personas, si bien 20 renunciaron y luego se incorporaron cinco, pero en las bases decía bien claro que quien no superara la fase práctica sería calificado como no apto y podría entrar en la bolsa».
En la actualidad, según esta misma fuente, ya son más de 400 las personas que han sido contratadas «cuando no superaron esa prueba del examen».
Fuentes consultadas del Ayuntamiento de Valencia apuntan que «ya hubo un juzgado de primera instancia que archivó la denuncia. Lo recurrió y se volvió a archivar» y señalan que «hasta los tribunales que lo han archivado no les dan la razón».
Del mismo modo, aseguran que las bolsas cuentan con la participación de funcionarios y con la firma y aval del secretario municipal, no es una decisión de los ediles. Y añaden que «en los escritos de archivo anteriores se recoge que las denunciantes ocultaban información relevante».
En concreto, se hace referencia a que en 2018 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de 8 de junio, acordó constituir una nueva bolsa de trabajo donde se decía que «podrán formar parte de las bolsas de empleo temporal el personal aspirante que, habiendo participado en las pruebas de acceso al cuerpo, hayan aprobado algún ejercicio». Es decir, ya no se hablaba de superar todas las pruebas.
Sin embargo, en el escrito presentado por las denunciantes se indica que «en diciembre de 2016 la Junta de Gobierno Local aprobó las bases reguladoras de la convocatoria de la bolsa de personal auxiliar administrativo y que es una norma reglamentaria vigente, no derogada ni modificada mediante un nuevo reglamento».
Alegan que el cambio que se hizo en 2018 «es un acto administrativo y no constituye una norma reglamentaria por cuanto esa mesa no ostenta potestad reglamentaria alguna ni tiene competencia ni capacidad para modificar la norma reglamentaria que regula las bases para formar parte de la bolsa».
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