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Edificio de la Alameda conocido como La Cigüeña. jesús signes
Los funcionarios piden que los incentivos por utilizar la bici se apliquen a toda la Administración

Los funcionarios piden que los incentivos por utilizar la bici se apliquen a toda la Administración

CC OO y CSIF aseguran que el premio para los trabajadores del complejo 9 d'Octubre por usar transporte sostenible no puede discriminar al resto

Lola Soriano

Valencia

Sábado, 24 de noviembre 2018, 00:52

Extender los incentivos del uso de transporte sostenible a todo el funcionariado. Eso es la idea que proponen algunos sindicatos del sector público para que las medidas previstas en el Plan de Movilidad de la ciudad administrativa 9 d'Octubre llegue a todos los recintos de trabajo de Valencia y también de Castellón y Alicante.

Tanto CC OO, como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), opinan que sería conveniente que todo el funcionariado pudiera beneficiarse de las bonificaciones que la Generalitat Valenciana quiere aplicar a todos aquellos que utilicen para desplazarse a sus puestos de trabajo la bicicleta, el patinete, el metro y autobuses públicos y en general cualquier vehículo no contaminante.

Desde el área de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Confederación de Comisiones, Daniel Patiño, detalla que «lo lógico es que esas medidas par apostar por el transporte sostenible se extiendan a toda la administración pública».

Los representantes de los trabajadores de la Ciudad de la Justicia piden más autobuses y el tranvía

En realidad el Plan de Movilidad, que ahora está en fase de exposición pública, se ha creado sólo para el 9 d'Octubre, porque en este complejo del barrio de Nou Moles es donde más funcionarios se concentran, pero los representantes de los trabajadores piden que no se discrimine al resto de funcionarios.

En este sentido, Daniel Patiño, indica que «si se hacen medidas para potenciar o premiar a los que usen medios sostenibles, no se pueden dejar fuera a una parte de los trabajadores. Debería de extenderse y ser una aplicación global».

Otras sedes

Recuerda que a menor escala hay otros edificios de funcionarios como la Cigüeña, donde está el área de Transparencia, parte de Hacienda y Patrimonio; el edificio de Blasco Ibáñez; y parte de Hacienda en la calle Palau o la Ciudad de la Justicia. Y añade que entre la administración de Justicia y los funcionarios que dependen de la Comunitat podrían beneficiar los incentivos a más de 10.000 personas.

«Si se hace extensible a los edificios de Castellón y Alicante, serán más de 25.000, porque no sólo se aplicaría al personal estatutario, sino que algunas medidas también podrían llegar a contratas de la administración».

Por su parte, Mauro Barea, miembro del CSIF, argumenta que lo normal es que «las ventajas o incentivos para potenciar el uso del transporte sostenible y otras medidas que se apliquen en esta línea se extiendan a todos. Está claro que habrá medidas que se contemplan en el Plan de Movilidad, que son más específicas para el complejo 9 d'Octubre, pero muchas podrían ser comunes».

A los edificios públicos señalados que se podrían sumar a estas medidas, Barea añade la ciudad universitaria donde hay una cantidad importante de personal docente.

En ambos casos detallan que se podría aplicar de forma progresiva. Y en cuanto a la medida de cobrar una tarifa por el uso del aparcamiento subterráneo de la ciudad administrativa del 9 d'Octubre, detallan que «esperamos que esa medida sea participativa para que se concrete con los representantes de los trabajadores porque cualquier medida unilateral puede generar perjuicios».

Este pago por usar el parking del complejo 9 d'Octubre, no tendría tanto sentido en otros puntos, como la Ciudad de la Justicia, ya que en este caso, sólo hay dos o tres plazas por juzgado, y suelen ser para jueces, secretarios y para pocos funcionarios y de forma rotativa.

Eso sí, desde CSIF, reconocen que los funcionarios de la Ciudad de la Justicia sí necesitan que se aplique una mejora en los medios de transportes públicos.

Desde este sindicato recuerdan que en la actualidad no hay líneas de metro ni de tranvía que comuniquen con este gran edificio de la administración pública. Y añaden que «sólo hay dos líneas de autobús que comunican otros puntos de Valencia con la Ciudad de la Justicia».

Por eso, Ana Márquez, presidenta de CSIF Justicia Valencia recuerda que esta zona próxima a la Ciudad de las Artes y las Ciencias «está bastante incomunicada con autobuses y metros y si quieren fomentar que los funcionarios vayan en transporte público, tendrán que poner los medios adecuados y fomentar las frecuencias».

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