Fuset reclama al Ayuntamiento 14.000 euros de su abogada en el caso Viveros

En total, según la certificación que ya ha presentado el edil, la cifra asciende a unos 14.000 euros. Se trata de una cantidad que engloba únicamente el proceso derivado del accidente laboral donde Fuset fue el único responsable político procesado.

La causa, que lastró su carrera política, se demoró durante años en el juzgado de Instrucción. Los hechos se remontan al verano de 2017, pero no fue hasta diciembre de 2022 cuando se señaló finalmente la vista. En ese lapso, investigaciones y recursos a la Audiencia e incluso la apertura de otra investigación, en este caso, por un supuesto delito de prevaricación en el montaje de las barras para ese evento, alargaron todo el proceso. También este caso se sobreseyó. La Fiscalía no llegó nunca a formular escrito de acusación al edil. Tampoco apreció responsabilidad penal en la muerte del operario. Sólo la familia de la víctima pretendía que el concejal se sentara en el banquillo. Reclamaba cinco años de cárcel para él.

Por último, una disputa entre juzgados por evitar asumir el tema de Fuset todavía retrasó más el procedimiento. Fuset iba a ser el primer concejal del Botánico juzgado y, además, por un delito grave, el homicidio imprudente. La Audiencia abocó en su día al edil al banquillo con un auto que recogía los indicios de criminalidad: «Tomó la decisión de su realización -se refiere a las gradas- al margen de la legalidad y despreocupándose de las medidas de seguridad para los trabajadores».

El Ayuntamiento ha de hacerse cargo de la defensa de los ediles que, en el ejercicio de su cargo, se ven sometidos a un proceso penal que finalmente termina en archivo o absolución. No tiene sentido que el ejercicio de una responsabilidad pública pueda suponer un coste económico. Asunto diferente, evidentemente, es que fuera condenado.

Esto también sucede en la Generalitat. Si un cargo público comunica su deseo de ser asistido por la Abogacía de la Generalitat y la petición es desestimada por un conflicto de intereses -suele ocurrir en casos de corrupción- posteriormente se recibe una indemnización para cubrir los gastos de defensa. En el Ayuntamiento, de hecho, se han dado antecedentes como los que afectaron en su momento a Carlos Galiana o Maite Girau por denuncias del asesor popular Luis Salom. Desde la llegada a la dirigencia de María José Catalá, este colaborador mantiene un perfil indudablemente más bajo.

El Ayuntamiento aceptó sufragar el coste de esos letrados que defendieron a cargos de su equipo de Gobierno. Ahora la situación es diferente. Quizá se puedan plantear problemas en el cálculo de los honorarios si consideran que se trata de una cifra excesiva.

El asunto de Viveros se cerró con una conformidad. Las aseguradoras pagaron 320.000 euros. En este acuerdo, el seguro del Ayuntamiento se comprometió con 60.000 euros. El resto de los acusados aceptaron penas mínimas y también aportaron una cantidad económica a la familia del trabajador.