Fuset será juzgado por la muerte en Viveros cinco años después

La Audiencia de Valencia respaldó la labor del juez de instrucción y concluyó que existían suficientes indicios de criminalidad para mantener el procesamiento. «Tomó la decisión de su realización -se refiere a las gradas- al margen de la legalidad y despreocupándose de las medidas de seguridad para los trabajadores», resolvió la Sala. Fuset remitió una carta de su puño y letra en la que imponía la «instalación de unas gradas por terceros que no habían participado en el proceso», es decir, «al margen de cualquier procedimiento administrativo». Fue una decisión «personal» del edil, insistió la resolución de la Audiencia.

Y esto se hizo con una gran premura de tiempo, apenas unos días antes del arranque del certamen, lo que impidió la colocación de más medidas de seguridad. Toda esta participación del concejal no puede calificarse de «baladí», aclaró en su día el auto de la Audiencia. Admite el tribunal que no era Fuset el encargado del montaje ni participó en el dispositivo directamente, pero «tomó la decisión de su realización al margen de la legalidad y despreocupándose de las medidas de seguridad para los trabajadores». No resulta, por tanto, «infundada» la tesis del instructor de que su actuación fue «determinante». En otras palabras, «asumió una conducta fáctica absolutamente decisiva para el posterior desenlace fatal».

Los hechos que han dado lugar a la investigación ocurrieron el 27 de junio de 2017, cuando un operario que trabajaba en la construcción de unas gradas con capacidad para mil personas pisó una tabla que se venció y cayó desde una altura de 3 metros, se golpeó la cabeza y falleció unos días después en un hospital de València. Tenía 47 años, estaba casado y era padre de dos hijas. La familia de la víctima, Vasile Sucala, reclama cinco años de cárcel para el edil. Tres por el delito de homicidio imprudente y otros dos por un delito contra la seguridad de los trabajadores.

El siguiente paso será la apertura de juicio oral, una resolución que dicta el juzgado de Instrucción y que no es recurrible. El juicio podría celebrarse a finales de este año o principios del próximo.

.El concejal Pere Fuset declinó a hacer ayer declaraciones y se remitió a un comunicado anterior, de febrero, cuando el juzgado de Instrucción número 7 de Valencia archivó la investigación a Fuset por la concesión de la explotación de servicios de hostelería a cambio del montaje de las gradas. Dijo que se reiteraba en que «se reconoció expresamente que actué en todo momento con convencimiento de corrección y legalidad de las actuaciones llevadas a cabo» y también « reiteró su confianza en la verdad y en la Justicia».