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El gerente de Plan Cabanyal, Vicente Gallart, tendrá que devolver 10.647,63 euros cobrados indebidamente, tal como ha confirmado la auditoría externa de la entidad. Además, el documento alerta de falta de control en el pago a proveedores. «Las retribuciones globales del gerente de la entidad superan en 10.647,63 euros las retribuciones fijadas para los puestos de máxima responsabilidad sin que conste autorización previa del Consell», señala la auditoría, que pide que la entidad exija el reintegro de la cantidad «indebidamente percibida» por el trabajador. El área de personal se lleva una valoración desfavorable.
Además, la auditoría alerta de importantes problemas de control en el pago a proveedores y de «riesgos significativos». Evidencia que no existe división de funciones en el área de tesorería ni un fichero que garantice que las cuentas bancarias «que figuran en las facturas son de titularidad de los proveedores». El consejo de administración de Plan Cabanyal se reunirá esta mañana y en ese encuentro se analizará la auditoría.
Según explicaron ayer fuentes municipales, todo se debe al criterio seguido por la auditoría. Aunque la sociedad Plan Cabanyal está participada en un 50% por el Consistorio y en otro 50% por la Generalitat, en 2017 el Consell decidió considerarla entidad del sector público autonómico, cuando hasta entonces se la tenía por perteneciente al sector público local. La clave está en que en este último, la retribución de los cargos puede ser superior a la que se percibe en el primero, donde los gerentes no pueden cobrar más de 58.000 euros. Como quiera que Gallart percibe 68.000, la auditoría le exige la devolución de 10.000 euros. Las mismas fuentes explicaron que la auditoría hace referencia a 2019 y que en 2020 la Generalitat ha aceptado las alegaciones presentadas por el Consistorio y Plan Cabanyal vuelve a considerarse entidad del sector público local, por lo que el Ayuntamiento ha vuelto a alegar con la intención de que Gallart, histórico dirigente vecinal del barrio, no tenga que abonar ese dinero, que es el primer año que se le pide que lo devuelva. Sobre los reparos al área de Tesorería, desde el Consistorio reconocen que hay cosas que mejorar. «Es una empresa joven y muy pequeña», dicen.
Por su parte, la portavoz del grupo municipal popular, María José Catalá, señaló ayer que están «altamente sorprendidos por una nueva trama que hemos encontrado en otra empresa pública dependiente del alcalde Ribó y el PSOE» en referencia a este cobro indebido. «Parece que el dinero público, el dinero de los valencianos, no sea de nadie», dijo Catalá, que apuntó que lo que más le preocupa es que la auditoría evidencia «que puede haber un riesgo de que se produzca otro fraude igual al de la EMT, al decir que no existe ningún fichero que acredite que las cuentas bancarias donde se hacen los pagos sean de titularidad de los proveedores». Catalá reclamó una intervención urgente del Ayuntamiento para evitar otro fraude como el de la EMT.
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