P. MORENO
VALENCIA.
Jueves, 11 de marzo 2021, 00:51
Una reunión ayer entre técnicos de las tres administraciones socias del Consorcio Valencia 2007 sirvió para desvelar que el Gobierno ha pagado ya la parte principal de la deuda de la Copa América, el préstamo avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con el que se financiaron las obras que transformaron la dársena interior del puerto y contribuyeron a la apertura de una nueva salida al mar con la Marina actual. En total, 330 millones de euros, indicaron ayer fuentes próximas al gobierno municipal.
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La condonación del pago de la deuda al Consorcio Valencia 2007 se incluyó en los Presupuestos del Estado de este año, aunque hasta ahora se desconocía que ya se había hecho efectiva. Las mismas fuentes mostraron su sorpresa al señalar los técnicos de las otras dos administraciones públicas que no habían recibido la notificación del pago.
La reunión no avanzó sin embargo en la decisión sobre el llamado préstamo derivado, 60 millones de euros que se adeudan a un fondo buitre que compró el paquete al Banco Santander y motivo por el que cuentas del Consorcio están embargadas.
Esta deuda se encuentra fuera de la cobertura del ICO. Del préstamo principal prácticamente no se ha pagado nada desde el inicio y el Tesoro ha hecho frente a las letras conforme se sucedían. El derivado crea por lo tanto un problema mucho mayor para el futuro de la Marina.
El Consorcio tiene que entregar cada mes por orden judicial 80.000 euros debido a los embargos citados, además de no poder presentarse a proyectos europeos como entidad por esta circunstancia, según han explicado sus responsables en varias ocasiones. Ahora, el reparto del pago quedará en manos de los «responsables políticos», señalaron las mismas fuentes al término de la reunión de ayer.
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Si los 60 millones se reparten con el mismo criterio que la distribución de consejeros en la entidad pública, entonces el 40% debe asumirlo el Gobierno, la misma cantidad la Generalitat y el 20% restante el Ayuntamiento. Esto supondría la necesidad de reservar 12 millones en los presupuestos municipales. Pero no hay nada decidido, matizaron.
Todo lo que sea retrasar esta decisión es malo para el futuro de la Marina, dado que el Consorcio decidió el pasado año, antes de la pandemia, ralentizar la adjudicación de obras en la dársena por el riesgo de perder liquidez. De momento sí se acomete la construcción de nuevos amarres para 41 embarcaciones, una de las líneas de negocio más rentables en la dársena. El propio alcalde Ribó anunció en enero de 2020 las graves dificultades financieras para garantizar la viabilidad del organismo.
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La tercera pata de la deuda del Consorcio son los 25 millones que estimó la Autoridad Portuaria como costes de reposición por la celebración del evento náutico en 2007. Las mismas fuentes comentaron que el Gobierno ha asumido también este pago en dos anualidades. Entre las obras que se realizaron figura el traslado del puente levadizo desde las transversales, que se convirtió en giratorio sobre el canal, además de la nueva sede del Puerto, además de deudas acumuladas por los impagos de varias tasas.
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