Gómez insiste en comprar parte de la ZAL para jardines sin esperar el fallo del Supremo

La vicealcaldesa Sandra Gómez insistió este miércoles en la propuesta de comprar parte de la ZAL para ampliar el parque de Desembocadura y prolongarlo hasta la Albufera. En concreto, la iniciativa se centra en las parcelas situadas entre La Punta y la CV-500, sin esperar a un pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el plan urbanístico.

Esta medida fue rechazada por Compromís al poco de conocerla, aunque la también edil de Desarrollo Urbano recordó que hasta el alcalde Ribó propuso en su día ampliar la planta depuradora de Pinedo en esa zona, donde había huerta. La Generalitat ha decidido recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula el plan, lo que ha generado otra fractura entre los partidos socios del Consell.

Gómez dijo que con «independencia de que se revierta o no la ZAL, ahí se puede tomar una decisión, que va a beneficiar y mucho a todos los vecinos de La Punta. Es una apuesta valiente y el Ayuntamiento no tiene que esperar porque es una decisión política».

«Si queremos compensar a los vecinos, que han sufrido mucho por el proceso de reversión, nuestra propuesta es un gran parque», reiteró, en lugar de la zona de actividades logísticas vinculada a los muelles portuarios. «Tiene unas consecuencias jurídicas más que definidas», comentó, para señalar que ante la posible reversión se abren nuevos interrogantes. «¿Se les va a obligar a los propietarios a que devuelvan el dinero de la expropiación?», se preguntó.

«Hay que mojarse y actuar. Esto sólo depende de nosotros, no hay que esperar al Supremo como quiere Podemos y Compromís, se puede comprar ya». Dijo que el precio de compra «lo tengo en la cabeza, pero prefiero ser prudente» antes de hacer la oferta a Valencia Plataforma Intermodal, entidad creada para gestionar el polígono paralizado.

Por su parte, la asociación de vecinos La Unificadora de La Punta, entidad promotora de los recursos en contra de la ZAL, cargó ayer contra la vicealcaldesa al señalar que es “por completo incierto que la anulación del Plan Especial pueda llevar a los expropiados a tener que devolver las sumas que se les han pagado”.

A juicio de la entidad, las manifestaciones hechas por la vicealcaldesa “no sólo son incorrectas, sino que son tendenciosas y obedecen a un intento inaceptable de amedrentar a los afectados. Toda reversión expropiatoria de un suelo obliga al expropiado a pagar el valor que tenga aquello que se le devuelve, en este caso un suelo no urbanizable que valdría muy poco como suelo rural”.

“A su vez, la Administración debe costear a su exclusivo cargo la conversión del suelo en lo que corresponde bajo el único planeamiento aplicable, que es el de huerta. La compra por el Ayuntamiento de todo o parte de los terrenos lo sería bajo la situación, y con las cargas y riesgos que tenga la señalada problemática. A ese respecto la asociación hace reserva de defensa de sus derechos y del ejercicio de las acciones que sean del caso”, subrayaron, para finalizar diciendo que Gómez “debería dimitir, pues resulta inadmisible que trate de amedrentar a los afectados, en especial a los integrantes de la mencionada asociación”.

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