«Los técnicos están gestionando la autorización pertinente», fue la respuesta dada por la concejalía de Movilidad al concejal del grupo popular, Alberto Mendoza, el pasado 19 de diciembre a la pregunta de si el Ayuntamiento tenía ya el permiso de la comisión de videovigilancia para poner en marcha cuatro cámaras de reconocimiento de matrículas en otros tantos lugares de Ciutat Vella. La situación se ha agravado ahora, afirma el edil, dado que «la solicitud todavía ni se ha iniciado, según nos dicen».
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Las cámaras de reconocimiento de matrículas van acompañadas por otras de vídeo para que en el expediente de la sanción se incluya una imagen del contexto de la zona. Los aparatos están colocados desde finales del pasado noviembre, lo que provocó las primeras preguntas de la oposición. Se encuentran en las calles Na Jordana, Corona, el entorno del Mercado Central y en la calle Salvador.
Ante la respuesta firmada por el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, el pasado 31 de enero Mendoza registró otra petición por nota interior, en el sentido de que «se remita enlace de acceso al expediente en el que se esté tramitando la autorización de la comisión de videovigilancia». La sorpresa ha sido la contestación fechada el pasado miércoles, donde desde la delegación se señala que será «en el marco del expediente al que ya se le ha dado acceso, donde se incluyan cuando proceda las actuaciones que correspondan».
Las cámaras de reconocimiento de matrículas forman parte del primer y más importante proyecto del concejal Grezzi para la reordenación del tráfico en algunos barrios de Ciutat Vella. De momento se han eliminado los atajos que proporcionaban algunas calles en beneficios de itinerarios en bucle, con un sistema que se completa gracias a las sanciones impuestas a los conductores no autorizados, es decir, aquellos que no figuran en el registro abierto por el Consistorio hace años.
Desde Movilidad indicaron recientemente que la implantación del sistema carece de plazos, aunque fuentes del grupo popular señalaron que, a la vista de que no se tiene la autorización de la comisión de videovigilancia, el asunto puede alargarse hasta durante años.
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«Cuando se colocaron las primeras en el jardín del Turia, se tardaron varios años. Es un proceso muy complejo», indicaron. El concejal Mendoza subrayó que han «podido comprobar que en el expediente de estas cámaras no se ha solicitado permiso ni autorización alguna a la Comisión de Garantías de la Videovigilancia, el órgano competente para autorizar la instalación y uso de estos aparatos».
El edil denunció que «se han gastado cerca de 140.000 euros en esta instalación sin haber previsto las autorizaciones pertinentes. A buen seguro estas cámaras no podrán estar en marcha antes de dos años debido a que estas autorizaciones se suelen dilatar en el tiempo».
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El edil popular apuntó que «una vez más podemos ver que la gestión de Grezzi es más que oscura. Ha hecho unas obras sin poder ponerlas en funcionamiento y sin tener previamente un plan de uso y no sabemos cuándo lo tendrá. Instala unas cámaras que sufrirán un desgaste al estar en desuso».
Los vecinos del Carmen empezaron a inscribirse hace más de dos años en un registro con sus datos y de sus vehículos. Antes de poner en marcha el sistema, una vez que lo apruebe la comisión de videovigilancia, el Consistorio necesita incluir en el banco de datos todas las camionetas y furgonetas de reparto, que también podrán pasar.
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De momento, la Policía Local ha realizado controles informativos en lugares como la avenida María Cristina, donde se encuentra uno de los itinerarios que acaban en las cámaras con capacidad para sanciones. Al margen de los permisos administrativos, también deben calibrarse y probar durante varias semanas. La Policía Local pone en marcha hoy los dos radares de medición de la velocidad en cuatro túneles (los irá alternando en las cajas) en los que ha realizado ensayos durante meses.
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