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De forma totalmente casual, el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha claudicado este viernes, a nueve días de las elecciones, a las peticiones de los vecinos del norte de Ciutat Vella y ha accedido a lo que era un clamor desde hacía más de ... medio año: tenían que tener derecho a pasar por el Área de Prioridad Residencial (APR) del barrio, porque sus calles están llenas de mobiliario urbano que hace en ocasiones muy complicado llegar o salir de sus casas. En total, serán 23 las calles, todas ellas ubicadas al norte del distrito, en el punto más septentrional del Carmen o en la Seu.
Las calles en cuestión son Blanqueria, Conde de Trénor entre los números 8 y 15, Creu, Damià Forment, En Roda, Franciscans, Guillem de Castro entre los números 132 y 162), Joan de Joanes, Moret, Náquera, Palomino, Padre de Huérfanos, Padre Tosca, Rocas, Roteros, Zapateros, Salud y Samaniego, Síndic, Tossalet y Viciana entre los números del 6 al 26 y del 7 al 21; y las plazas Cecs, Cisneros, Fueros y Nules. Los vecinos de estas vías podrán pedir al Consistorio autorización para circular por la APR y salir o entrar a la misma por cualquiera de las cuatro puertas de entrada, vigiladas por cámaras. Además, podrán estacionar en ella.
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La intención de Grezzi es «generar derechos de acceso con el fin de facilitar el acceso al entorno próximo a las Torres de Serrano (sic), disminuir la longitud de recorridos de vehículos en el ámbito que se indica, así como a calles no incluídas en el Anexo I que tienen el acceso sin atravesar el APR, obstaculizado por mobiliario urbano». Además, la concejalía apunta que permitirá «el estacionamiento en la zona de estacionamiento para residentes (zona verde) existente dentro del APR a los vehículos que cuenten con el distintivo de residentes en el distrito de Ciutat Vella y que obtengan derechos de acceso consecuencia de la inclusión del listado de calles anterior».
Se terminan así el vía crucis de miles de vecinos que llevaban meses pidiendo ser escuchados. Hasta en las Juntas de Distrito de Ciutat Vella que, precisamente, preside el concejal Grezzi había salido el tema, como confirma Lluís Mira, presidente de la Asociación de Vecinos Amics del Carme. «Es una reivindicación de socios que se encontraban fuera de la zona pintada. Son vecinos que vivían en el Carmen pero estaban fuera de la APR. Nosotros lo trasladamos a Movilidad», explica.
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«En un primer momento se negó a modificar el plano pero tras una reunión que tuvimos con Ribó hace medio año se pusieron en marcha», comenta Mira, que explica que muchos residentes «tenían que irse a otro distrito a aparcar. Había gente que se iba a la zona de la calle Sagunto, y antes de la implementación de la APR aparcaban al lado de casa». Mira también asegura que la última concentración que hicieron para protestar por la APR, el pasado año, fue precisamente para protestar por esta cuestión. Respecto a la pertinencia de aprobarlo a nueve días de elecciones, Mira no quiere entrar: «Nos dijeron que el trámite para modificar una normativa no se podía hacer de forma rápida».
El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha criticado la «soberbia» del gobierno municipal, «que ni siquiera se ha sentado a dialogar y negociar con los afectados por las primeras calles». «En vez de aceptar con humildad el error, la respuesta del gobierno de Ribó es ampliar más calles, cuando ni siquiera tiene el apoyo de las primeras y cuando, además, ya se ha demostrado que la APR es un fracaso», ha finalizado.
«Esto no es buscar una ciudad más limpia y sostenible, esto es atacar directamente a los valencianos», ha asegurado. «No vamos a conseguir una Valencia más verde a base de multas. Frente al sectarismo de Ribó yo solo digo: gestión, diálogo, acuerdo y concienciación. Estoy seguro de que son muchos los valencianos que quieren una ciudad más limpia, pero no entiendo por qué la vía tiene que ser poner multas y castigar tanto a los vecinos como al comercio y las empresas que operan en Ciutat Vella», ha indicado.
Un recurso presentado por la empresa que quedó segunda en el concurso del servicio de gestión del tráfico de Valencia lo ha paralizado, como es habitual en estos casos. La protesta de Kapsch Trafficcom Transportation ha supuesto la suspensión de la adjudicación del contrato, de más de 32 millones de euros, que había sido adjudicado a Etra SA. Aunque se desconocen los motivos de la protesta, lo cierto es que Etra incurrió en una baja anormal, que es lo que ocurre cuando una empresa baja tanto los precios que hasta al Ayuntamiento le chirría y para asegurarse de que va a poder prestar el servicio con esos precios, pide explicaciones a la mercantil. Etra había ofertado unas mejoras a unos precios reducidos, pero sus explicaciones convencieron al Consistorio, que finalmente les adjudicó el servicio. Con todo, Kapsch Trafficcom no parece estar satisfecha: quedó segunda. El proceso se alargará varios meses, toda vez que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales tiene ahora que decidir si hay o no motivos para retrotraer todo el proceso al momento que considere para que ambas empresas puedan concurrir en igualdad de condiciones.
Así, ha recordado que las cámaras de la APR de Ciutat Vella han multado una media de 100.000 euros al mes desde que se pusieron en marcha a principios de 2022, con algunos picos de hasta 400.000 euros como por ejemplo el del mes de agosto. «Es intolerable que en un solo año se hayan recaudado nada más y nada menos que 2 millones de euros en multas a los valencianos por circular por la calle», ha censurado.
Y, este sentido, Giner ha considerado que la APR ha demostrado ser un «auténtico fracaso» desde el momento en el que las multas se han mantenido estables a lo largo de todos los meses del año. «Al principio dijeron que el aluvión de multas era porque los vecinos no estaban acostumbrados, pero ha pasado año y medio y las cifras siguen siendo las mismas. Por lo tanto, la única conclusión a la que llegamos es que no se ha hecho una campaña de formación suficientemente extensiva, que la APR no está bien señalizada y, sobre todo, que no casa con las necesidades reales y los usos del barrio», ha indicado.
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