La Guardia Civil busca documentación en el Ayuntamiento por los contratos de Badenas en Valencia Activa

Según ha podido confirmar LAS PROVINCIAS a través de fuentes oficiales de la Benemérita, los efectivos han requerido una serie de documentos a la Intervención municipal en materia de contrataciones relativas al periodo en el que Badenas dirigía la gestión la Fundación Valencia Activa al ostentar el cargo de concejal de Empleo. El citado servicio ha facilitado la documentación pertinente en el tiempo en el que han estado presentes los agentes en el interior del Consistorio.

Los efectivos de la UCO también se han desplazado hasta la sede de Valencia Activa, organismo municipal dependiente de la Concejalía de Empleo del que su titular ejerce como vicepresidente, para seguir recabando información sobre las adjudicaciones de contratos de la etapa en la que Badenas era gestor de dicha entidad.

En concreto, la Guardia Civil, además, buscaba certificados del Patronato de Valencia Activa desde su constitución, la relación de directores y subdirectores desde la constitución de la fundación, las aportaciones del Ayuntamiento a Valencia Activa desde que comenzó a operar o los Estatutos de Valencia Activa.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha intervenido en el pleno municipal para aclarar algunos aspectos sobre la personación de la UCO en algunos despachos del Consistorio. «Se ha pedido documentación de Valencia Activa no sólo de esta legislatura sino de legislaturas anteriores», ha aseverado la primera edil que ha desmentido que se haya producido un registro sino que ha sido «una solicitud de información».

«Cuando tenga la información oportuna podré informarles», ha zanjado. Este diario ha podido confirmar que parte de la documentación recabada por los agentes incluía los certificados de creación de la entidad y sus equipos directivos a lo largo de los años. La fundación fue creada en 2016 y en 2020 Intervención ya afeó fraccionamiento de contratos y nombramientos irregulares.

Cabe recordar que la publicación en los medios de comunicación de un supuesto amaño de contratos de Valencia Activa con el objetivo de adjudicárselo al Instituto Imedes, empresa en la que trabaja el marido de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ya estaba siendo investigado por el Ministerio Público tras las denuncias de PSPV y Compromís. La segunda investigación contra el edil voxista que ha trascendido esta mañana ha sido unificada junto al anterior expediente, el relativo a la entidad dependiente de la Concejalía de Empleo, como una única causa.

El posible caso de corrupción desencadenó una profunda crisis interna en el grupo municipal de Vox que acabó con los concejales Juanma Badenas y Cecilia Herrero apartados de la formación dirigida por Santiago Abascal. De hecho, Badenas fue expedientado y, a modo de respuesta, llevó a dos altos cargos de la dirección nacional ante el comité de garantías del partido.

No obstante, después de que la Asesoría Jurídica municipal emitiera un informe en el que se descartaban las posibles irregularidades en las que podía haber incurrido Badenas, tanto él como Herrero resolvieron los problemas orgánicos con la formación de derecha radical para ser readmitidos en sus filas así como también en el gobierno municipal.

Pese a ello, la remodelación del gobierno municipal efectuada por la alcaldesa María José Catalá dejó a Badenas sin la segunda tenencia de alcaldía y con una única delegación, la de Patrimonio, al igual que a Herrero, a quien retiró las competencias en Agricultura y Emprendimiento para dejarle sólo las de Responsabilidad Patrimonial.

Tras conocerse las pesquisas de la Guardia Civil, Badenas ha asegurado que está «a disposición de cualquier autoridad» para esclarecer «cualquier hecho» y ha afirmado ser «objeto desde hace ya bastante tiempo de una persecución política» en la que se «utilizan los medios judiciales y de la Fiscalía» contra él.

Badenas ha afirmado que ha estado «toda la mañana en el pleno» y que desconoce «qué ha podido suceder en el Ayuntamiento». «Lo que sí que puedo asegurarles es que estoy a disposición de cualquier autoridad de cualquier tipo para colaborar en cualquier tipo de averiguación de cualquier hecho y de cualquier circunstancia», ha indicado.

El edil sostiene que hay una «persecución política» contra él y ha destacado que hace «escasamente un mes y medio, dos meses, se archivó libremente una causa que se había iniciado también por el Partido Socialista y por Compromís» contra él. «Simplemente estamos en esa persecución», ha agregado.

Lo cierto es que ya en la mañana de este miércoles, en el Ayuntamiento de Valencia, en las declaraciones previas al pleno, las investigaciones a Badenas habían centrado parte de las conversaciones. El portavoz municipal de Vox, José Gosálbez, ha insistido en ser respetuoso con el proceso judicial y ha llegado a apuntar que la Asesoría Jurídica ya había dado el visto bueno a los contratos. Sin embargo, el informe favorable emitido por los abogados de la ciudad hacía referencia al contrato con la empresa del marido de Bernabé. Sobre estos nuevos contratos no hay informe alguno. Pero el portavoz municipal del Partido Popular, Juan Carlos Caballero, no quiso pronunciarse al respecto de si se va a pedir ese informe. «Vamos a ser respetuosos con el proceso judicial, como no puede ser de otra manera», ha asegurado Caballero.

El portavoz del PSPV en el Consistorio, Borja Sanjuán, ha calificado como una «vergüenza» que la Guardia Civil haya registrado el Ayuntamiento en busca de pruebas por un presunto caso de corrupción que afectaría a uno de los miembros del gobierno municipal. «Ha vuelto la corrupción y es María José Catalá quien lo está amparando», ha sentenciado Sanjuán vinculando a la primera edil con las posibles irregularidades.

Ha sido precisamente el propio Sanjuán quien ha desvelado esta mañana en las declaraciones previas al pleno que la Fiscalía había incoado diligencias para investigar a Badenas por los posibles delitos de prevaricación o malversación en sus contrataciones públicas. «Es decir, que hay un posible caso de corrupción dentro del gobierno de María José Catalá», ha comentado el portavoz socialista horas más tarde sobre el registro policial y ha asegurado que las presuntas irregularidades cometidas por el entonces segundo teniente de alcalde eran conocidas por la propia Catalá. «Catalá ha decidido meterlos dentro del gobierno porque prefiere tapar a un posible corrupto antes de perder la mayoría en el pleno», ha manifestado.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha lamentado que el gobierno de coalición entre PP y Vox ha necesitado de tan sólo dos años para que la UCO haya hecho acto de presencia en las dependencias municipales para «investigarlos por corrupción». «Un gobierno investigado por corrupto, es un gobierno corrupto. Y una alcaldesa con un gobierno corrupto, que no expulsa la corrupción, es una alcaldesa corrupta. Hoy, lamentablemente, podemos decir que ha vuelto la lacra de la corrupción al Ayuntamiento de Valencia», ha afeado apuntando a Catalá como supuesta corresponsable de los presuntos delitos cometidos por su socio de gobierno.