La hora clave del caso del metro

Septiembre. Ese fue el mes clave fijado antes del parón veraniego por la juez Nieves Molina. En esta fecha, la titular del juzgado de instrucción número 21 de Valencia situó el cambio de fase de la investigación judicial del accidente de metro con 43 muertos y 47 heridos. Tras concluir la fase de toma de declaración a testigos e investigados, así como la práctica de algunas diligencias extra solicitadas por las partes -trámites que se vieron culminados a finales de julio, después de la prolongación de seis meses de la instrucción ordenado por la propia magistrada-, la juez dictaminará en los próximos el auto con el que pone fin a la fase de diligencias, abre la fase de juicio oral y de procesamiento de los ocho ex altos cargos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) investigados por el siniestro.

Una vez emitida esta resolución, y tras el preceptivo periodo para que las diferentes partes del proceso puedan presentar recursos, los investigados podrían sentarse por primera vez en el banquillo a mediados del año que viene. «Mayo o junio» es el acotamiento que realizan fuentes procesales consultadas por LAS PROVINCIAS.

Los investigados que formaron parte de la cúpula de FGV y que se sentarán en el banquillo son la exgerente Marisa Gracia; el ex jefe de Talleres, Luis Miguel Domingo; el exdirector de Operaciones, Manuel Sansano; el que fuera responsable de la auditoría para la seguridad y circulación, Juan José Gimeno; el exjefe de la Línea 1, Sebastián Argente: Francisco García y Vicente Contreras, respectivamente director técnico y adjunto de Explotación; y Francisco Orts, que encabezaba la dirección de Estudios y Proyectos.

La no previsión de riesgos en la Línea 1, así como la no asunción de medidas desde FGV para evitar posibles excesos de velocidad (que, según todas las periciales, fue la causa última de la tragedia), son los «indicios de criminalidad» que la magistrada podría poner encima de la mesa para procesar a los exdirectivos de Ferrocarrils. El entrecomillado lo empleó ya en febrero la Audiencia, después de que la juez diera carpetazo al caso y ordenar entonces el tribunal provincial la tercera reapertura del caso.

El auto lanzaba una batería de conductas que pueden ser atribuidas a los investigados: insuficiente formación para descartar despistes de los maquinistas, actas del Comité de Seguridad que alertaban de fallos del sistema de frenado FAP y pedían una baliza previa, descarrilamientos previos en la Línea 1... entre otros elementos que quedarán en el tejado del tribunal enjuiciador.