Los hosteleros anuncian alegaciones ante la ordenanza que facilita el cierre de terrazas

El pleno de Valencia aprobó este jueves de manera provisional la nueva ordenanza contra el ruido, que fija entre otras novedades la prohibición de abrir un bar a menos de 30 metros de otro ya en funcionamiento, lo que también se extiende a los pubs, en este caso a un mínimo de 65 metros. También otorgará al Ayuntamiento la opción de retirar una terraza en caso de reiteración de multas. La normativa salió adelante con los votos del gobierno municipal y la abstención de los grupos de la oposición.

Poco después, la Coordinadora de Hostelería de los barrios anunciaron que presentarán alegaciones, un proceso que se inicia ahora. «Pendientes de conocer en detalle el borrador de la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica, analizaremos su contenido para preparar las alegaciones por parte del sector», señalaron.

Sobre el tema de las distancias entre establecimientos de hostelería, el sector no tiene especial inconveniente, «si sirve para garantizar la seguridad jurídica de los locales que ya están en funcionamiento y neutralizar el proceso de concentración que pueda producirse en determinadas zonas», precisaron.

Ahora bien, sin conocer el detalle del borrador lo que más preocupa al sector es la «situación de las terrazas y los nuevos criterios que parece implantar a la hora de denunciar las supuestas molestias que puedan provocar». Para la entidad, la normativa «no puede establecer atajos para incrementar la presión sobre las terrazas y debe garantizar la definición de criterios objetivos y medidas técnicas rigurosas para evaluar el impacto ambiental de cualquier actividad».

Por esta razón, la coordinadora espera que la ordenanza «haya hecho un análisis ponderado de los diferentes focos del ruido, teniendo en cuenta que el tráfico, la convivencia vecinal en los edificios y problemáticas tan graves como la del botellón y los lateros son los principales focos emisores». Asimismo, desde el sector insisten en que no se puede culpabilizar a la actividad hostelera de «un problema del que es tan victima como cualquier otro agente económico y social de la ciudad».

En este sentido, remarcan que la ordenanza debería abordar la superación del modelo de la ZAS y establecer otros criterios de actuación para luchar contra el ruido protegiendo la actividad económica y los puestos de trabajo tan necesarios en estos momentos.

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