El inquietante futuro que marca Agrónomos

El caso del edificio de Agrónomos, de cuyo derribo se cumple ahora dos meses, se inscribe dentro del debate sobre la protección del patrimonio arquitectónico que dejó en el pasado otras controversias y se proyecta hacia el futuro en forma de pregunta. ¿Serían posibles pérdidas semejantes en un horizonte cercano o remoto? Es decir, ¿otras joyas patrimoniales podrían correr la misma suerte si se alían, como en el destino que ha merecido el edificio firmado por Moreno Barberá, la indolencia administrativa con el desinterés ciudadano? Expertos en patrimonio consultados por LAS PROVINCIAS contribuyen a despejar este interrogante.

El discurso de César Guardeño, en nombre de la asociación Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, es pesimista al respecto. No sólo alerta de ataques de parecida índole que perviven en la memoria de los valencianos, sino que detecta poca empatía a la protección de bienes en la Administración, que sólo se moviliza cuando llega alguna instrucción desde el Síndic de Greuges, la vía elegida por la asociación para canalizar sus quejas. «En la asociación llamamos a los años en que empezamos, entre el 2012 y el 2015, los años de plomo», recuerda, «porque no nos hacían ningún caso a nuestras denuncias». De entonces data su escepticismo, reflejado en estas palabras: «Al final de esa legislatura empezamos a notar un cambio porque tenían las recomendaciones del Síndic encima de la mesa, pero desde 2017 va creciendo la hostilidad» hacia las denuncias de su asociación.

¿Por ejemplo? «A algunas concejalías no les gusta en absoluto que continuemos denunciando ni que vayamos al Síndic y les haga recomendaciones. Notamos que la Administración no responde y sus responsables no están a la altura». Y prosigue: «Tanto en el Ayuntamiento como en la Generalitat cuesta muchísimo que se hagan las cosas. La respuesta siempre es la misma: falta de presupuesto, falta de técnicos... Y ahora, el Covid». Respuestas que no convencen a Guardeño: «Lo del Covid es un argumento más, como cuando alegaban que si la crisis... Nunca hay recursos para atender como toca a nuestro patrimonio, siempre hay impedimentos que dilatan las actuaciones. De hecho, tenemos expedientes abiertos desde 2012».

Sus dardos hacia la Administración resumen su tono sombrío en el caso concreto de Agrónomos, donde late a su juicio un parecido desinterés al que antes se cobró la vida de otros edificios y emerge un barullo administrativo lindante con otra laguna que también indigna a la asociación. «El principal problema con Agrónomos es que la arquitectura contemporánea es tan reciente en el tiempo que no hay sensibilidad al respecto. Cuanto más atrás en el tiempo, parece que la ruina tiene más valor, mientras que en la defensa de la arquitectura moderna se genera un vacío enorme en su protección». «Se tenían que haber tomado otras medidas, con más calma», prosigue Guardeño. «Entendemos que hay que ampliar el hospital», acepta, «pero no se comprende que se tenga que derribar Agrónomos. Es un patrimonio que tiene valor. Antes de derribarlo se tendría que replantear su reconversión». Y menciona su principal temor: que otros edificios puedan caer bajo la piqueta como Agrónomos. Guardeño cita el antiguo Cine Metropol, cuya desprotección mantiene en vilo a su asociación. «Es un caso único en Valencia, por su gusto art déco y que tiene un valor histórico que lo hace merecedor de mantenerse».

Guardeño reivindica que ese inmueble podría disponer de un nuevo uso «manteniendo todo el edificio, en vez de recurrir al fachadismo», esa moda reciente de rehabilitación que opta por preservar sólo la fachada y demoler el resto de su estructura. «Con el fachadismo conviertes los centros históricos en un espacio de cartón piedra», se lamenta. Y concluye: «Los edificios se pueden preservar no sólo por su valor arquitectónico, como recoge nuestra ley de patrimonio, que abre un abanico inmenso: la arquitectura se puede también proteger por motivos etnológicos, sociales o culturales».

«Falta sensibilidad», coincide Marina Sender, presidenta del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia. «Sobre todo», apunta, «en la defensa del patrimonio arquitectónico contemporáneo. No hay una conciencia generalizada de que también esa arquitectura se debe proteger». Sender echa de menos una atención adicional para velar por una tipología, la vivienda, que suele ser la cenicienta de esta historia: en el ámbito doméstico tienden a perpetrarse frecuentes ataques al patrimonio, fruto de su escasa catalogación. «La ley ampara a los dueños porque suelen ser bienes sin protección», se queja.

Sender detecta «dejadez» en los ayuntamientos para negar a la arquitectura más reciente la defensa que merece. Una reflexión reactualizada por la realidad presente, dominada por la reivindicación del espacio doméstico a consecuencia del coronavirus, en la línea precisamente de los postulados del Movimiento Moderno, estilo donde se inscribe el demolido inmueble de Agrónomos: «La pandemia ha puesto de relieve la necesidad de ventilación en las casas, mejorar la higiene o dotar de espacios como los balcones, que ahora miramos de otra forma».

También recuerda el caso del Metropol como el más inquietante caso actual de desprotección de la arquitectura, en riesgo de desaparecer si entra la piqueta. «La ley ampara a los dueños porque no está catalogado», señala. «Nos da miedo que no exista conciencia sobre el valor de la arquitectura por desconocimiento», subraya Sender, quien reparte culpas entre Generalitat y Ayuntamiento: «Se conculcan los derechos de la ciudadanía si las administraciones no reaccionan rápido». ¿Su resumen? «No se puede pretender ser Capital Europea del Diseño mientras ignoramos el valor del espacio que habitamos y eliminamos parte de nuestra historia». Opinión compartida con Guardeño: «La sensibilidad de la ciudadanía es clave porque la Administración actuaría de manera diferente si hubiera presión social, que es la asignatura pendiente: una sociedad preocupada por su patrimonio».

Sus inquietudes distan del punto de vista de la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga. Además de negar en general falta de protección hacia el patrimonio y situar en el Ayuntamiento la responsabilidad sobre Agrónomos, subraya que su departamento tramita al año «seis mil resoluciones y expedientes al año». «¿Eso es mucho? ¿Es poco? Sólo puedo decir que la Administración no está de brazos cruzados y que el patrimonio está bien tutelado», asegura.

Polémicas concretas al margen («En patrimonio no se puede generalizar. Cada edificio tiene sus circunstancias», dice), Amoraga responde sobre el futuro que acecha al Metropol, donde también endosa la responsabilidad en el Ayuntamiento: «Deberá pronunciarse sobre la posibilidad de incluir el edificio en el catálogo de protecciones». Y avisa: «El informe dice que no se han encontrado valores arquitectónicos singulares destacables para ser considerado Bien de Relevancia Local». Conclusión doble: por un lado, «los ciudadanos cuidan mucho su patrimonio»; por otro, «la Generalitat cumple escrupulosamente con su competencia de protección, conservación, difusión, fomento, investigación y crecimiento del patrimonio».

Un edificio de alto valor no sólo arquitectónico, sino también histórico, porque entre sus muros se forjó el primer hospital para enfermos psiquiátricos de España. Hoy, conviven sus hermosas ruinas (como el espléndido Capitulet, la antigua capilla) decorando el jardín vecino con la parte del inmueble original que logró huir de la piqueta. Ese ala sirve como sede de la Biblioteca Pública, luego de su rehablitación para su nuevo uso, fechada en 1979; el resto del edificio pereció en los años 60 del siglo pasado entre encendidas polémicas.

'Salvem Tabacalera'. Bajo este lema, la movilización ciudadana prendió años atrás en favor de la supervivencia de un edificio cuya riqueza se compaginaba mal con el escaso grado de protección que permitió su derribo. Un derribo en todo caso parcial, porque fruto de las denuncias populares se salvó al menos una parte sustancial del inmueble, con triunfo judicial incluido para los promotores de aquella plataforma. Un final ¿feliz? para la vida del hermoso edificio, una obra inaugurada en 1909 para la Exposición Regional.

«El caso de derribo más emblemático de Valencia es el Palacete Ripalda». Así de rotundo se expresa César Guardeño, en nombre del Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio. Recuerda que el edificio, datado a finales del XIX y derruido en el XX, disponía de un atributo singular «cuestionado porque no es un estilo típico de Valencia» Al contrario, a su juicio ahí radicaba precisamente su principal valor: «Si se hubiera mantenido sería una de las joyas arquitectónicas de Valencia, porque no tenemos ejemplos de esas características».