La Intervención denuncia irregularidades en la gestión de la Fundación Valencia Activa

La Intervención General del Ayuntamiento de Valencia ha firmado un informe demoledor contra la gestión municipal en la Fundación València Activa del Pacto para el Empleo, un organismo que estuvo bajo la supervisión de la socialista Sandra Gómez en la anterior legislatura y que ahora depende de su compañera de partido Pilar Bernabé. La intervención pone el acento en contrataciones irregulares de personal y fraccionamiento de contratos, además de otro tipo de deficiencias halladas en las cuentas que han llevado a firmar un informe de auditoría desfavorable.

El documento reafirma la opinión de que este tipo de organismos se convierten en muchos casos en agencias de colocación de cargos de partidos sin un proceso previo de selección, colocaciones a dedos para aquellos que no han logrado un cargo electo. Además, la adjudicación de bienes y servicios se producen en muchas ocasiones sin cumplir la Ley de Contratos del Sector Público.

El objetivo de esta Fundación, como recogen sus estatutos, es fomentar el empleo, la formación y el emprendimiento entre las personas desempleadas en la ciudad de Valencia. Para ello, el Ayuntamiento presta un apoyo económico en forma de subvención que en 2019 representó el 85,3% de la financiación recibida.

Una de las incidencias clave para la calificación de «desfavorable» se centra en los gastos de personal, donde la intervención se muestra muy crítica con algunas contrataciones realizadas durante los últimos tiempos.

Una de las irregularidades destacadas afecta al gerente de la entidad, Javier González Cardona, contratado en 2015. El auditor asegura que pese a que en el patronato en el que se contrató a Cardona se hizo referencia a su competencia profesional y experiencia, esta «no queda acreditado en el expediente». El gerente de la Fundación contrató después, en 2017 y 2018 a dos nuevos directivos con el rango de subdirectora y subdirector de emprendimiento. Dos nombramientos que se han encontrado con el férreo rechazo de la intervención general del Ayuntamiento. «Por lo que respecta al nombramiento de estos dos directivos, no se ha obtenido el acta del Patronato en el que se autorice la contratación de la subdirectora general y en cuanto al acta en la que se autoriza la contratación del director no se justifica que la designación haya atendido a principios de mérito, capacidad y criterios de idoneidad», señala.

Los puestos fueron para dos perfiles con estrechas vinculaciones con el PSPV. El puesto de subdirectora fue para la exsecretaria general de Joves Socialistes Mar Marín, una de las personas más próximas a Sandra Gómez y que en la última lista electoral ocupó el noveno lugar de la candidatura. El puesto de subdirector de emprendimiento lo ocupa actualmente Javier Mateo, otra de las personas cercanas a Sandrá Gómez y que en las pasadas elecciones ocupó el décimo puesto de la candidatura.

El informe de la intervención general es muy crítico con la creación de estos dos cargos: «No están previstos en los estatutos de la Fundación los dos cargos de subdirección, habiendo sido creados por tanto sin un soporte jurídico». Además, no se realizó un informe previo a las contrataciones por parte del servicio de personal del Ayuntamiento de Valencia.

Esta no es la única irregularidad detectada en el informe en relación a gastos de personal. En 2019, se produjo el alta de 23 trabajadores -uno fijo y 22 temporales-. La mayoría no se correspondía con plazas previstas en la relación de puestos de trabajo. Además, la selección de personal no se realiza a partir de pruebas selectivas para valorar la aptitud. Las contrataciones se realizan por currículum y entrevista personal. Tampoco se publicita el resultado del proceso selectivo. Incluso la selección de alguno de los candidatos se ha producido con posterioridad «al acta suscrita por la comisión de seleccion».

El informe cuestiona también la renovación de contratos temporales sin un proceso selectivo, «lo que conlleva el riesgo de que adquieran condición de fijeza» como ha ocurrido en algunos casos. Aumentos del sueldo de un 26% al pasar de administrativa a técnico superior sin abrir un proceso de selección y la reclasificación de puestos es otra de las incidencias remarcadas.

Al margen de los gastos de pesonal, el informe de la intervención es crítico con las contrataciones de bienes y servicios. En los cuatro contratos tramitados por procedimiento abierto, la memoria justificativa no está publicada, no existe informe de insuficiencia de medios y los contratos no contienen el contenido mínimo que prevé el artículo 35 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Además, los contratos menores vuelve a ser uno de los grandes problemas y la intervención advierte de gastos repetitivos como los de alquiler de maquinaria, mobiliario, diseño gráfico, actualización de web, suministros de oficina y asistencia técnica informática. Tampoco se comprueba que el contratista haya realizado otros trabajos para la Fundación.

El auditor apunta que no se pueden considerar como contrato menor prestaciones que son de carácter recurrente, «por lo que debe considerarse un fraccionamiento de contrato». Uno de los ejemplos es la adjudicación del servicio de limpieza de los locales de la Fundación. También se han detectado gastos conjuntos por 19.892 sin ningún tipo de contratación y al menos hay 12 que no se han notificado. Incluso, y así lo refleja el informe, hay pagos pequeños que suman 2.000 euros con una tarjeta de crédito, cuyo titular es el gerente de la Fundación.