El interventor revela gastos sin control en taxis y pagos electrónicos «de riesgo» en el Ayuntamiento de Valencia

En el caso de la Universidad Popular, las auditorías «han detectado adquisiciones de bienes de inversión no asociados al desarrollo de la actividad del organismo». Además, la entidad «ha satisfecho al personal un complemento de antigüedad, por un importe conjunto de 251.866 euros, que no está contemplado en el convenio colectivo de aplicación o en los respectivos contratos de trabajo, como exige el Estatuto de los Trabajadores. En su defecto, el pago se fundamenta en un Acuerdo de la Mesa de Negociación del que no se ha tenido evidencia de su aprobación por el órgano competente».

Respecto a la cuestión de los taxis de Junta Central Fallera, sorprende que en 2021 se gastaran 40.828 euros para trasladar, mayoritariamente, a personal ajeno a la entidad, «sin que conste en los tickets justificativos de un 63% de ellos la identificación del perceptor, ruta empleada y motivo del desplazamiento». «Se han identificado pagos en concepto de taxis por importe de 3.533 euros, que se han imputado al presupuesto de gastos, sin que se hayan dictado los correspondientes actos administrativos de autorización y disposición del gasto, y de reconocimiento de la obligación», indican las auditorías.

El grupo municipal popular ha advertido de que son «numerosas» las irregularidades detectadas por la Intervención municipal en las empresas y organismos públicos del Ayuntamiento, según se desprende del informe de cumplimiento de las sociedades y entidades del Ayuntamiento. «El documento constata que sólo se han puesto en marcha seis de las 25 medidas para el control financiero y del gasto propuestas», ha explicado la portavoz del PP, María José Catalá.

La también candidata a la Alcaldía ha señalado que los planes de acción que se han puesto en marcha desde el gobierno municipal «no están sirviendo para corregir las irregularidades y deficiencias que el Interventor detecta cada año en su informe». «Siguen incrementándose el número de expedientes con omisión de fiscalización, en el año 2022 este tipo de procedimientos han aumentado un 25,5% respecto a 2021», ha comentado.

En materia de contratación la Intervención destaca «incumplimientos como la adjudicación de contratos menores cuyo gasto corresponde a prestaciones recurrentes y repetitivas». Alerta de la justificación insuficiente de los «contratos puente» o la no incorporación de facturas a los expedientes. Respecto a las subvenciones se destaca la deficiente regulación de las bases y el incumplimiento de los requisitos para pagos anticipados.

Respeto a los organismos dependientes del Ayuntamiento, el interventor cuestiona «la aplicación de complementos retributivos que provocan incrementos de sueldos superiores a lo previsto en la ley». Algunos de ellos se han realizado sin la autorización de la Junta de Gobierno. También advierte de que existen «gastos de restauración sin identificar el motivo ni el número de comensales ni la identidad de los mismos».

El informe del Interventor en el caso de la Fundación Visit València dice que en las dietas satisfechas se ha observado con carácter general «que no se deja evidencia de su aprobación previa, que las liquidaciones del gasto que las sustentan están sin firmar, y que no se identifica para los gastos de restauración el motivo de la comida, la identidad y el número de comensales». «Como aspectos puestos de manifiesto en casos puntuales cabe señalar: la inexistencia de documentación acreditativa que justifique el gasto, el pago del alojamiento en el extranjero a personas ajenas a la Fundación, y la presentación de la misma factura justificativa en dos comisiones de servicio diferentes», señala el documento.