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A. CHECA
Sábado, 28 de julio 2018, 00:01
valencia. La jueza de Valencia que investiga el accidente de metro del 3 de julio de 2006, en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, dio ayer por terminada la nueva instrucción del caso. Según informaron a LAS PROVINCIAS fuentes jurídicas, será en septiembre cuando la magistrada de Instrucción 21 decida cómo proceder. Sin embargo, todo apunta a que abrirá juicio oral tras el mandato de la Audiencia de Valencia en una causa con ocho personas investigadas.
El último paso de la instrucción judicial fue la declaración, ayer, de dos testigos relacionados con Ferrocarrils de la Generalitat (FGV). Se trata de la excoordinadora del servicio de prevención de riesgos, Begoña de Torres, y Dionisio García, Dionisio García, que fue jefe de Recursos Humanos de la empresa y responsable de prevención de riesgos laborales. Según las mismas fuentes, declararon en términos parecidos a su comparecencia en la comisión de investigación de Les Corts y García se mostró muy crítico con los sindicatos. La fiscal del caso no estuvo presente en las declaraciones que ponen fin a la instrucción.
En una de las sesiones de la comisión parlamentaria de 2016, García ya destacó que, tras el siniestro, «hubo una estrategia política equivocada» del Consell de «sálvese quien pueda», lo que dejó a los trabajadores «en una posición que no merecemos». A su juicio, FGV «nunca ha asumido ese accidente», por lo que «ha sido imposible un análisis objetivo de lo que pasó y de lo que no pasó». «Hubo una estrategia política equivocada de raíz, que ha dañado a la empresa pública», dijo.
A mediados de julio, y tras la negativa de la jueza de llevar a cabo otra pericial de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea como solicitaba la fiscal, la acusación pública presentó un recurso de reforma ante el órgano judicial para pedir de nuevo la práctica de esta diligencia.
«Podría constituir un nuevo elemento sin tacha ni apariencia de parcialidad, e incluso convertirse en garantía para todas las partes de este procedimiento», fue el argumento que puso sobre la mesa haciendo suyo un pronunciamiento que ya lanzó la Audiencia de Valencia. El tribunal habló así de la posibilidad de llevar a cabo la nueva pericial, si bien es cierto que en ese mismo auto se decantó por el rechazo de dicha diligencia (como también hizo el juzgado), aunque sí abogó por la reapertura del caso.
En la causa hay ya una pericial de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria que la fiscal considera parcial). «Tras el análisis de los documentos, los técnicos no han identificado ningún elemento en el proceso de homologación ni de gestión del mantenimiento que pudiera haber supuesto una causa influyente en el accidente»; «no se ha identificado ningún elemento que permita concluir que la empresa ferroviaria no cumpliese con la normativa», señaló el estudio. La fiscal pidió que la nueva pericial examine la «infraestructura de la Línea 1, material rodante, seguridad, análisis de riesgos y análisis de accidentes previos».
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