La jueza falla contra la EMT en el despido de la directiva acusada del fraude

La EMT despidió a Celia Zafra, única trabajadora disciplinada al conocerse el fraude que sufrió la empresa, de forma improcedente. La entidad que preside Giuseppe Grezzi tiene que ahora que readmitir a la exjefa de Administración o indemnizarle con casi 200.000 euros. La EMT tiene cinco días para decidir y ver cómo soluciona el problema creado cuando cuatro días después de descubrirse el fraude decidió despedir a Zafra sin ni siquiera abrirle un expediente sancionador.

La sentencia del juzgado de lo social número 1 de Valencia considera que el despido fue improcedente, que a Zafra no se le dio oportunidad para defenderse y que los argumentos de la EMT, aquel «incumplimiento grave y culpable» que tantas veces ha repetido el mismo Grezzi, no son válidos para despedir a una trabajadora con 38 años de experiencia en la entidad y sin una mancha en el expediente. El texto, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, entra al fondo de estos argumentos y los desmonta uno por uno.

El primero de ellos es que la trabajadora ocultó que había enviado un correo con las firmas y los DNI de los entonces gerente y jefa de Gestión de la empresa, Josep Enric Garcia y María Rayón respectivamente, a la trama que la engañó para, mediante ocho transferencias ordenadas entre el 3 y el 23 de septiembre de 2019, enviar 4,04 millones de euros a dos cuentas del Bank of China en Hong Kong. Dinero, por supuesto, disgregado en una veintena de cuentas en los días posteriores y que todo parece indicar que no va a volver a las arcas públicas. La magistrada interpreta que, como Zafra sí imprimió el correo en el que se leía que adjuntaba los DNI, no imprimir en sí las fotocopias que había remitido no implica que quisiera ocultar nada. Se apoya, para eso, en testimonios efectuados en el juicio. En uno de ellos, Esmeralda Aparisi, jefa de Finanzas de la empresa, reconoció que Zafra colaboró en todo momento. A este respecto, la sentencia indica: «Cabe señalar que en el relato de hechos efectuado por la trabajadora ese día, sí se hace referencia expresamente al menos al correo electrónico de las 15:37 horas del 3 de septiembre de 2.019, en el que se adjuntaba el archivo con una factura que contenía la firma de la Sra. Rayón. Por tanto, no ocultó su existencia a la empresa».

El segundo argumento es, precisamente, que envió esos correos y que, por tanto, incumplió el deber de confidencialidad. La jueza se basa aquí en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, en un caso muy similar, concluye que la participación como víctima en una trama delictiva no implica voluntariedad alguna, por lo que no puede darse responsabilidad alguna. La magistrada concluye, y es un detalle llamativo porque esa es la gran pregunta que se dirime en el juzgado de instrucción número 18 de Valencia, en la causa penal, que Zafra fue una víctima más: «No concurre la nota de la culpabilidad que permita sancionar a la trabajadora con el despido, pues su conducta movida por el engaño no puede calificarse como voluntariamente querida, ni puede suponer una transgresión grave de la buena fe contractual entendida como conducta contraria a la lealtad y buena fe debida en el normal desempeño de su trabajo, teniendo en cuenta además que se trata de una trabajadora que con 40 años de antigüedad en la empresa nunca antes ha sido sancionada».

La sentencia puede ser recurrida en cinco días. Preguntada la EMT sobre qué van a hacer, d las tres opciones que tiene ante sí Grezzi, se limitaron a asegurar que están «estudiando» la sentencia. Ese plazo de cinco días es también el que tiene la empresa para readmitir o pagar los 200.000 euros, que se sumarían a la cifra ya elevada de dinero que la EMT ha gastado en todo lo relacionado con el fraude.