Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valencia tumban el alquiler de La Base a Labora

Así pues, se da la razón al PP, que había presentado un recurso de reposición contra el acuerdo que se tomó en Junta de Gobierno del 15 de julio de 2022, un acuerdo que cabe recordar que se tomó sólo con los votos de Compromís y sin el apoyo de su socio de gobierno, del PSPV.

Con este panorama, la Junta de Gobierno de este viernes volverá a aprobar un nuevo acuerdo para hacer marcha atrás a esta cesión del edificio municipal a Labora que se había realizado por un tiempo de 30 años prorrogable por mutuo acuerdo a periodos de cinco años hasta un máximo de 50 años.

Los servicios jurídicos municipales concluyen que no se puede alquilar este espacio a Labora porque «los contratos para la explotación de bienes y derechos patrimoniales se adjudicaran por concurso salvo que, por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación proceda la adjudicación directa. Las circunstancias determinantes deberá justificarse suficientemente en el expediente».

Desde los servicios jurídicos argumentan que esta cesión al organismo que depende del secretario autonómico Francesc Nomdedéu no está suficientemente justificada.

Y se añade que «corresponde aceptar la alegación presentada dado que, si bien se justifica sucintamente en la Resolución impugnada la adjudicación directa realizada a favor de Labora, debería haberse concretado más las causas».

Se prosigue diciendo que se debería de haber «indicado que se efectuaba la adjudicación directa por la singularidad de la operación, por la condición de organismo público dependiente de la Generalitat Valenciana de Labora y porque el destino del inmueble a arrendar era la creación de un Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el empleo (COE) que se integraría en la Red de estos centros a nivel estatal y estaría dirigido a la mejora de las expectativas de empleo en la ciudad y en la Comunidad».

De igual modo, en la resolución se detalla que «los contratos para la explotación de los bienes o derechos patrimoniales no podrán tener una duración superior a 20 años, incluidas las prórrogas, salvo causas excepcionales debidamente justificadas» sin que conste en el expediente justificación o motivación alguna por el que se acuerda una duración contrato de arrendamiento de treinta años prorrogables hasta un máximo de cincuenta años por periodos de 5 años».

En el informe jurídico también se argumenta que «el plazo máximo de la cesión de uso de los bienes será de 30 años», sin hacer alusión a las posibles prórrogas, ni siquiera de forma excepcional, por lo que «debe estimarse esta alegación y corregir el acuerdo, así como el borrador del contrato, en el sentido de que la duración máxima del arrendamiento sea de 30 años, sin posibilidad de prórrogas».

Desde el PP han celebrado esta resolución. La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha valorado que la Junta de Gobierno acepte íntegramente el recurso presentado por el PP ante la adjudicación de la base del Alinghi a Labora, «una muestra más de la mala gestión de Compromís y PSOE que sólo saben que buscar a los amigos despachitos con vistas al mar en lugar de velar por los intereses de Valencia.

Catalá ha explicado que Ribó «se ve obligado a asumir íntegramente el informe de la Asesoría Jurídica que apoya el recurso del Partido Popular contra la adjudicación directa a Labora de la base de la Alinghi».

Para Catalá, la Marina ha de ser un referente de atracción de empresas vinculadas a la Innovación, por lo que ha pedido al Ayuntamiento «que desista de la intención de usar la Base como despacho de altos cargos y espera que no haga trajes a medidas para que Labora se ubique en la antigua Base puesto que hay lugares en la ciudad mucho más adecuados para esta entidad».

Los populares insisten en que el arrendamiento «se realizó sin respetar el procedimiento para el arrendamiento de inmuebles establecido en el artículo 124 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas».

Añaden que «no constaba el estudio de mercado (art. 124.2 Ley 33/2003) para establecer el precio del arrendamiento, utilizando como propio el mismo precio que se estableció para el arrendamiento del CEMAS tres años antes, sin tener en cuenta el grave ciclo inflacionista que atraviesa la Comunidad Valenciana según el INE, beneficiándose de unas condiciones económicas perjudiciales para los intereses municipales», ya que estaban pagando una renta mensual de 4.690,55 €/mes más IVA.

Los populares detallan que, asimismo, en el expediente no consta ningún informe ni justificación del motivo por el que se aplica una bonificación del 40% del precio del alquiler por ser una administración pública.

Por su parte, el portavoz del PSPV-PSOE y concejal Hacienda, Desarrollo Económico y Sectores Innovadores en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuán, ha propuesto encargar a la oficina de Invest In València que busque el mejor proyecto para que se instale en La Base de La Marina y ha emplazado a Compromís a replantearse el uso que le iba a dar este espacio.

Sanjuán ha señalado que esta oficina es “una herramienta que está funcionando muy bien, que está consiguiendo atraer proyectos muy interesantes a esta ciudad y es un buen instrumento para que sea esta oficina la que busque el mejor proyecto posible para La Base”.

En opinión del concejal socialista La Base debe acoger “proyectos que sean a punta de lanza de la transformación del modelo económico de la ciudad y no una oficina privilegiada para un despacho de una administración pública”.

En este sentido, ha recordado que el PSPV-PSOE se opuso “a una adjudicación que no solamente no estaba bien hecha, sino que no tenía sentido”. “La ciudad tiene espacios emblemáticos que tienen que servir para atraer grandes inversiones y para apoyar ese cambio de modelo productivo”, ha argumentado y ha puesto de ejemplo “la bienvenida que damos a grandes firmas como HP lufthansa, Siemens o Volkswagen cuando deciden que nuestra tierra es la mejor para invertir y la mejor para crear empleo de calidad”.

Por otro lado, el portavoz de Ciudananos, Fernando Giner, pide a Ribó que saque a concurso La Base "y no intente enmendar sus errores para seguir dándosela a Labora".

Giner ha considerado que La Marina “tiene que ser un polo de innovación competente para la ciudad de Valencia, y no un pastel que puedan repartir los partidos en el gobierno”.

En este sentido, ha hecho referencia a la estimación parcial del recurso contra la adjudicación directa de La Base a Labora. “El criterio de los servicios jurídicos municipales es bien claro: Compromís no ha sido capaz de justificar cuál es esa situación excepcional que hace que la Generalitat se pueda quedar con La Base sin ningún tipo de concurso previo”, ha señalado al respecto.

“Y, del mismo modo, también le dicen que la cesión de 50 años no se ajusta a la legalidad. Esperemos que Compromís no se coja a estos dos clavos ardiendo y trate de enmendar sus propios errores para seguir dándole a Labora unos despachos con vistas al mar. Ahora tienen una nueva oportunidad de hacer las cosas bien, así que le pedimos que saque a concurso La Base o que busque la forma de garantizar que sus nuevos inquilinos de verdad contribuyen a la innovación y al desarrollo de esta ciudad. Que para eso tiene que servir La Marina, no para mercadear ni hacer politiqueo con ella”.

Así, Giner ha considerado que la adjudicación de La Base “tiene que ser lo más transparente y justa posible”. Y, del mismo modo, ha lamentado que Compromís haya intentado aprovechar los últimos meses de la legislatura “para amarrar una cesión a dedo de 50 años e hipotecar con sus decisión a los futuros gobiernos que pasen por el Ayuntamiento”. “Pedimos que el proceso se realice con todas las garantías”, ha finalizado.