
P. MORENO
Viernes, 8 de abril 2022, 20:20
La asociación Per l'Horta ha adelantado este viernes que el Tribunal Superior de Justicia ha vuelto a anular el Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia, situada en la pedanía de La Punta. El documento, recordó la entidad, fue impulsado por la Generalitat.
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Según las mismas fuentes, el tribunal ha estima el recurso de la asociación de vecinos La Punta-La Unificadora, en lo que consideran «representa una nueva victoria ciudadana». La ZAL se construyó hace lustros en terrenos de huerta y alquerías, que desaparecieron, aunque distintos problemas han provocado que todavía no esté en pleno funcionamiento.
«La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior, en sentencia del pasado 31 de marzo compuesta por los magistrados Desamparados Iruela, Antonio López y Andrés Barragán, ha fallado estimar el recurso número 41/2019 a la resolución de la Conselleria de Vivienda de 17 de desembre de 2018, que dispuso aprobar definitivamente el Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas del Puerto de Valencia (BOP de Valencia nº 249, de 28 de decembre de 2018)», se indica en el comunicado difundido.
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Este recurso, en caso de confirmarse, choca con el calendario del Puerto, cuyo presidente, Aurelio Martínez, confió hace unos meses que a lo largo del segundo semestre de este año las empresas puedan iniciar sus proyectos constructivos para instalarse en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL).
Una vez concluyan las obras de acondicionamiento a finales de mayo o principios de junio, está previsto que el Ayuntamiento recepcione toda la documentación de las obras y las empresas puedan empezar a solicitar los permisos de construcción e iniciar los trámites para instalarse.
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Actualmente ya hay proyectos cuyo valor conjunto asciende a 73 millones de euros y con los que se prevé la creación de 1.518 empleos, 188 directos y 1.350 indirectos, indicó entonces. La idea del Puerto, a través de Valencia Plataforma Intermodal y Logística (VPI Logística), es comprar las parcelas que todavía no se han adjudicado y que siguen siendo propiedad pública con el objetivo de tener «unidad de gestión».
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