El límite de motos de alquiler pone al borde del abandono a las empresas en Valencia

El sector de las motos de alquiler en Valencia está que hierve, según desvelan fuentes del sector, quienes apuntan como el desencadenante principal después de la pandemia la aplicación del límite de vehículos impuestos por el Ayuntamiento y al elevado número de compañías que aspiran a este mercado.

De momento siete empresas han pagado las tasas a la concejalia de Hacienda, condición impuesta para conseguir la licencia de actividad. Fuentes cercanas al delegado, Borja Sanjuán, señalaron que el parque móvil declarado por estas compañías alcanza las 1.570 motos de alquiler, todas con el sistema de estacionamiento en la calle y uso a través de una aplicación móvil. La mayor supera por poco las 700 scooters eléctricas, mientras que otra ha pedido curiosamente el pago por sólo cinco vehículos.

El problema es que que un informe de la concejalía de Movilidad concluyó que como máximo se dará licencia para 2.000 vehículos con el tope de 500 por empresa. La concejalía de Actividades maneja un listado de 15 compañías, cifra ratificada por fuentes de dicha delegación. Los permisos serán anuales con prórroga de cuatro años, con lo que se entiende que el tope por permiso será flexible.

Así las cosas, en el caso de que las 15 formalicen los permisos administrativos, el máximo por empresa será de 133 motos eléctricas, una cantidad ínfima para compañías que en algunos casos serán multinacionales. «Con ese número no se puede trabajar», consideraron desde el sector.

Cuantas menos empresas más reparto de plazas, aunque habrá que esperar a los últimos movimientos para el reparto final, así como los criterios de la licencia. En todo caso, las siete que han pagado de manera retroactiva la tasa son buena muestra del interés del sector. La concejalía de Hacienda confía en recaudar al menos 300.000 euros.

En el caso de que el tope fuera finalmente de 133 motos eléctricas por empresa sería perjudicial para los usuarios, señalaron, al explicar que la facilidad para encontrar vehículo es una de las claves del sistema. Además, la demanda crecerá los próximos años con la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones, los barrios de Valencia donde esté limitada la circulación a los vehículos no contaminantes, para cumplir así con la normativa europea.

Esto debería estar en marcha en 2023, aunque se da por descontado que no será así. Todavía falta por aprobar la ordenanzas, así como adjudicar la instalación de las cámaras de reconocimiento de matrículas. En todo caso, cuando esté en servicio, desde una de las empresas consideran que «habrá una oferta insuficiente». En lugares como Madrid, la aplicación telefónica que sirve para el transporte público del metro y la EMT se emplea también para los vehículos compartidos, en la misma red de oferta.

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