La Marina sigue paralizada sin plazos para el nuevo ente gestor

La esperada reunión entre el presidente Puig y el alcalde Ribó trató este lunes entre los temas anunciados el de la futura gestión de la Marina, la dársena del puerto que hasta ahora era competencia del Consorcio Valencia 2007. Los argumentos fueron casi idénticos a los expresados el pasado 30 de mayo en el consejo de la entidad que aprobó su liquidación.

Poco o nada se ha avanzado en la sustitución del Consorcio, lo que alarga la situación de interinidad y la falta de empuje para sacar nuevas concesiones en la dársena. Pendientes hay numerosas como la misma estación Marítima, donde después de un pleito por la adjudicación todavía no se ha puesto en manos de los concesionarios definitivos.

El edificio que albergará oficinas para emprendedores está a medio reformar, como puede observar cualquier viandante. Es sólo un ejemplo de la parálisis, aunque el alcalde Ribó señaló tras la reunión que hay «acuerdo sobre la Marina; está en proceso de disolución y hemos hablado de cómo plantear el futuro, está claro, pero no próximo». La oficina de Puig se limitó a emitir una nota diciendo que había recibido «en audiencia» al alcalde.

Según el relató de Ribó, la Generalitat pedirá la lámina de agua, si no lo ha pedido ya, algo que no está claro. El Ayuntamiento tiene concedida la parte norte y al Puerto «le he pedido la zona sur, que dedicaremos sobre todo a temas de innovación». Acerca de la figura de gestión que utilizarán, deben ver todavía si es una fundación o una empresa mixta.

El presidente Puig se arrancó el pasado 29 de mayo con la idea de que pedirá la gestión de la lámina de agua, con el fin de convertir la dársena interior y la bocana en un puerto autonómico, separado por completo del comercial ahora en ampliación.

El Ayuntamiento se quedaría con «todo lo terrestre», dijo el primer edil. «La parte de innovación, deportes náuticos y la parte lúdica», en relación esto último a los locales de hostelería. La lámina de agua lleva aparejada la gestión de más de 800 amarres en varias zonas.

«Hay un tema que hablaré con el presidente del Puerto, Aurelio Martínez, y es ver cómo gestionamos la interinidad a partir del 1 de enero». En el último consejo de la Autoridad Portuaria debían haber pasado algunos asuntos de la dársena que finalmente quedaron aplazados.

«Hay que trabajarlo, pero estamos de acuerdo. Igual debe pasar por la Autoridad Portuaria, el Consejo de Ministros o algún Ministerio», explicó. La idea del puerto autonómico se mantiene, precisó, aunque dijo que no se habló de porcentajes de participación de cada institución en la entidad, sea una empresa o una fundación. En suma, un futuro a medio plazo lleno de incógnitas.

Como se recordará, la ley de Puertos del Estado permite la conversión de un puerto estatal en uno autonómico, aunque la cuestión es que en España no hay precedentes de esta operación, señalaron en su día fuentes conocedoras de la operación, para dar por sentado que debe ser una iniciativa gestionada a través del Consejo de Ministros, lo mismo que el Ministerio debe acordar la situación de interinidad.

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