Marzà incumple la promesa de pagar el sueldo íntegro a los becarios de inglés

La Conselleria de Educación tendrá que pagar el sueldo íntegro que corresponde a un maestro a una 'English Helper' -figura docente de prácticas creada en 2012-2013- que optó por llevar a juicio su situación tras acreditarse irregularidades en este tipo de contrataciones por parte de la Inspección de Trabajo. Así se desprende de la sentencia del Tribunal Supremo conocida estos días que abre la puerta al cobro a decenas de jóvenes y que tiene otra implicación: el conseller Marzà incumplió la promesa de darles el trato equivalente a un profesor de Inglés en cuanto a salario y servicios prestados. Así lo trasladó en septiembre de 2015 a través de una respuesta parlamentaria a la pregunta formulada por Fran Ferri, portavoz de Compromís.

La Conselleria de Educación, entonces gobernada por el PP, recurrió a estos becarios para avanzar en la implantación de su decreto de plurilingüismo. Se contrató a trescientos jóvenes recientemente titulados y con un nivel medio-alto de inglés para que apoyaran a los maestros de los centros en el aprendizaje de la lengua extranjera, con un salario sensiblemente inferior al de cualquier maestro al tratarse de «prácticas profesionales en materia de asistencia lingüística».

La idea era, a su vez, que tuvieran un primer contacto con la labor docente, aunque la iniciativa se topó con el rechazo de los sindicatos docentes, críticos con esta forma de contratación irregular y por obviar las bolsas, y de la entonces oposición, sobre todo de Compromís.

La iniciativa llegó hasta la Inspección de Trabajo -tanto sindicatos como nacionalistas habían anunciado que denunciarían la situación-, y tras varias visitas a centros y entrevistas con Helpers se determinó que habían asumido funciones propias de maestros y no de becarios, por lo que se consideró que existía una relación laboral con la conselleria, no la derivada de unas prácticas.

Esto provocó que la Tesorería General de la Seguridad Social presentara una demanda contra Educación exigiendo la cotización correcta por estos jóvenes, es decir, como maestros. El fallo condenó a Educación a abonar las cargas sociales correctamente, y de manera paralela, al acreditarse la citada relación laboral, decenas de ellos presentaron denuncias en los juzgados para reclamar el salario docente íntegro.

Entretanto cambió el Consell. En septiembre de 2015 Vicent Marzà respondió a una pregunta parlamentaria de Ferri, que se interesaba por las demandas de los Helpers. El conseller respondió que el departamento «tenía la voluntad de aplicar los términos consignados en la sentencia -la de la Tesorería General- tan pronto como fuera posible», y añadió que recibirían el salario de una jornada semanal de 30 horas, liquidando «las diferencias entre las retribuciones que percibieron como becarios y las que les corresponden como trabajadores por cuenta ajena». También se comprometió a tener en cuenta el periodo trabajado a efectos de antigüedad. Pocos meses después la Federación de Enseñanza de CC. OO. PV ya afeó a Educación que no se estaba reconociendo la experiencia acumulada.

Además, en octubre de 2016 trascendió la primera sentencia del TSJCV, ganada por una afectada, que obligaba a Educación a abonarle un salario equivalente al de una maestra. Pese a la promesa de Marzà, la Abogacía presentó a finales de ese año un recurso de casación ante el Supremo. Su desestimación es la que se conoció la pasada semana, por lo que la conselleria deberá pagarle un extra de 6.819 euros, que es la diferencia entre lo percibido como becaria y lo que debía haber cobrado por el trabajo realizado, en este caso en tres centros y durante varios meses. Es decir, el tribunal ha forzado el pago prometido por el conseller. LAS PROVINCIAS preguntó ayer al departamento por el incumplimiento, pero no obtuvo respuesta.

El fallo es importante porque abre la puerta al resto de Helpers que recurrieron a la vía judicial, muchos de ellos a través de CC. OO. PV. Desde la Federación de Enseñanza explicaron que tienen en marcha procesos judiciales que afectan a 63 jóvenes, y que «reactivará inmediatamente los que estaban a la espera» del fallo del Supremo, pues en estos casos no ha prescrito el derecho a reclamar. También pidió a Educación que pague el sueldo pendiente a los Helpers y reconozca sus servicios prestados desde octubre de 2012 -lo que tendría efectos en la ordenación de las bolsas- para evitarse la vía judicial, con una postura clara del Supremo, y las costas.