Los mercadillos agrícolas se aprueban entre críticas de la oposición y los comerciantes

De nada sirvió la oposición de la asociación de mercados Confemercats ni la petición del PP y Vox de que se desechara la idea al causar un gran perjuicio a los comerciantes e intermediarios. Sólo Ciudadanos se abstuvo en el pleno de ayer cuando se votó la creación de cuatro mercadillos de venta directa, preferentemente para puestos gestionados por agricultores. La iniciativa salió adelante con los votos de Compromís y el PSPV para unos recintos que estarán situados en Malilla, Benimaclet, Castellar y el Ensanche, esto último junto al Mercado de Colón.

El concejal de Vox Vicente Montañez preguntó «dónde quedan los comerciantes, es una competencia desleal para ellos», mientras que el edil de Ciudadanos Rafa Pardo dijo que su formación es partidaria de «todas las medidas para salir de la crisis y en favor de la huerta porque la situación es insostenible, pero esto hay que hacerlo de manera muy regulada para no caer en la competencia desleal. Es lo que está ocurriendo en el mercado de Colón, podría haber competencia desleal y junto a un monumento protegido que necesita permiso de la Conselleria de cultura, por eso nos vamos a abstener».

El que se mostró más resolutivo fue el concejal del grupo popular Santiago Ballester, quien anunció un recurso de reposición contra la medida al señalar que existen muchas dudas legales sobre algunos emplazamientos. «En medio de una pandemia quieren colocar mercados de venta directa y desde el punto de vista sanitario es cuestionable, además de una competencia desleal porque rompen la cadena de distribución. Al labrador hay que ayudarle a que tenga rentabilidad y a los demás igual. De esta manera se les aboca a la precariedad».

Antes del pleno, la asociación Confermercats colgó un vídeo en redes sociales con la intervención prevista en el pleno que al final no pudieron realizar al no estar inscrita la asociación en el registro del Consistorio. Formada por los mercados del Cabanyal, Álgidos, Ruzafa, Benicalap, Castilla y el Mercado Central, los comerciantes preguntaron si alguien cree en el gobierno municipal que para «mejorar la condición de estos agricultores necesitan empeorar a otro sector que somos nosotros, los vendedores de mercados y dueños de pequeñas tiendas de alimentación? Siempre hemos estado apoyando el producto que nos han ofrecido en la tira de contar de Mercavalencia», añadieron.

«Me gustaría recordar que todos los mercados municipales de esta ciudad disponen de puestos de venta vacíos donde estos labradores pueden optar a ellos en las mismas condiciones fiscales, sanitarias, tasas ayuntamiento, etc. Y así no provocar una competencia desleal ni saltándose la cadena de distribución, porque si ellos venden a mis clientes ¿yo a quién vendo?», se preguntan.

El concejal de Agricultura, Alejandro Ramón, dijo que los agricultores son «la parte más vulnerable de la cadena. Es un sufrimiento continuo por todo y se enfrentan a la desgracia final de que la cosecha no tenga precio».

El edil rechazó el término de competencia desleal. «Son cuatro nuevos espacios para los agricultores, para conseguir precios justos y les molesta que los que se están empoderando son agricultores». Ballester auguró que los 65 puestos que se autorizarán (20 junto al Mercado de Colón y 15 en cada uno de los tres restantes) serán «un fracaso y tendrán que ser ocupados por otros puestos».

Otro de los asuntos que trató el pleno fue una moción del grupo Ciudadanos para que se suspendiera la recalificación de dos solares en el barrio de Penya-Roja para que se edifiquen viviendas en una parcela prevista para un jardín y otra para un colegio.

El gobierno municipal rechazó la propuesta. El representante de la asociación de vecinos de Penya-Roja subrayó que irán a los tribunales, mientras que la concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, reiteró que se trata de cumplir la sentencia del Supremo que anuló el plan urbanístico de la Tabacalera.

El edil de Ciudadanos Narciso Estellés abogó por un «proceso negociado y consensuado». El planeamiento ya está aprobado por la Generalitat con la nueva calificación de los solares, aunque indicó que «si están revisando el plan de Benimaclet, esto también se podría hacer igual».

La concejala popular María José Ferrer preguntó a la bancada del gobierno «dónde queda su propósito de escuchar a los vecinos», mientras Gómez les emplazó a que si «tienen una varita mágica, una alternativa, entonces la pueden proponer». La empresa afectada, Guadalmedina, ya presentó un contencioso para reclamar 50 millones de euros, por lo que el Consistorio busca ofrecerles los solares.