La mitad de los trabajadores de La Marina se quedan en un limbo con el Ayuntamiento

De momento, lo que sí que está claro es que los trabajadores de marinería se subrogarán con la concesionaria que apruebe la Autoridad Portuaria de Valencia, que asume la parte náutica de lo que era La Marina. El Ayuntamiento de Valencia trata de resolver la situación del resto aunque siempre dentro de los parámetros de la legalidad, y así se ha transmitido en la distintas reuniones con los empleados afectados. En ningún caso se ha planteado su conversión en funcionarios. Desde el Consistorio se asegura que es un tema que preocupa de manera importante pero que no puede prometer a los trabajadores que se quedan en tierra de nadie ni promesas que no se puedan cumplir ni pueden comer ilegalidades.

La Marina, como reconocen desde el propio equipo de gobierno, es ahora mismo un gran lío con numerosos frentes abiertos que hay que resolver. El primer objetivo que se ha marcado el Ayuntamiento es desenredar una madeja de gestión que se arrastra desde hace veinte años. Lo que sí que está totalmente descartado por el ejecutivo municipal es crear un ente con personalidad jurídica propia.

La prioridad, insisten fuentes municipales, es mantener los puestos de trabajo de los empleados afectados y que llevan muchos años en La Marina pero en el Ayuntamiento recuerdan que la decisión de disolver el Consorcio no incluyó ni un sólo informe sobre qué hacer con el personal de la entidad. El nuevo pliego sólo incluye que el personal de la marinería sí que iba a quedar bajo el paraguas de la Autoridad Portuaria de Valencia.

La Marina se ha caracterizado en los últimos años, con la discutida gestión del que era su director general, Vicent Llorens, por ser un vivero de conflictos que en muchos casos han terminado en los tribunales. Los empleados ganaron varios litigios porque no se les había pagado las pagas extra y el propio Llorens llegó a estar imputado por el concurso del escenario permanente, aunque finalmente el caso fue archivado. Además, también se abrió una investigación judicial por el tema de las paellas universitarias, bajo el mandato del anterior director general. Además, sin motivo alguno, se instaló una política de oscurantismo y se dejaron de publicar los gastos de La Marina, especialmente los contratos menores, en el portal de transparencia de la entidad. Las negociaciones con los trabajadores que no se incorporan a la Autoridad Portuaria de Valencia se mantiene a la espera de si se encuentra el camino para poder mantenerlos bajo el mando del Ayuntamiento, aunque desde el equipo de gobierno insisten en que no se van a precipitar en este asunto.