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Siete empresas de alquiler de motos eléctricas trabajan ya en Valencia sin que el Ayuntamiento haya movido ficha para la regulación de este sector, más allá de algunas reuniones con representantes de las compañías hace unos meses. Los operadores iniciaron su actividad con un millar de vehículos en total, aunque fuentes del sector elevan esta cifra en la actualidad a las 1.365 unidades en las calles.
Ayer se presentó en sociedad la última de las empresas conocidas con presencia en Valencia, Acciona Mobility, que anunció una flota inicial de 150 vehículos para ampliarla hasta las 500 motos eléctricas en los próximos meses. La firma tiene la cobertura de la ordenanza de tráfico, a diferencia de lo que ocurre con los patinetes, por ejemplo, aunque no existe una regulación de esta actividad como tal.
Esa situación aboca a que la delegación de Hacienda no puede cobrar una tasa por la ocupación del espacio público debido a un actividad económica, como sucede en estos casos. El delegado Ramón Vilar señaló que no se trata de un «asunto recaudatorio», sino de regular un sector cada vez más en eclosión. En los últimos años han tomado posición en el mercado del «sharing» en Valencia las firmas Molo, eCooltra, Muving, Yego, citenGo y Blinkee, además de la citada, que tiene ya presencia en Madrid.
Este aumento inusitado de las empresas de alquiler de motos contrasta con la firmeza del gobierno municipal en no autorizar la actividad de los patinetes eléctricos ni los coches que también utilizan combustibles alternativos a la gasolina. Alejandro Villamuera, impulsor de la empresa Cargreen, subrayó que esperan desde hace un año a que el Consistorio se decida sobre el alquiler de estos últimos en la calle.
«Somos la única empresa valenciana que se dedica a este sector y el retraso es desesperante», comentó acerca de su propuesta para una primera fase de 50 coches, con puntos de recarga para los motores eléctricos que ofrecería a «todo tipo de conductores, no sólo los que utilicen nuestros vehículos».
El «carsharing» podría funcionar igual que las motos, sólo con la ordenanza de Movilidad, aunque la intención de la empresa es cerrar un acuerdo para la utilización de la zona ORA, de tal manera que esta tarifa no repercuta en los usuarios sino en la misma compañía. Esto ha bloqueado cualquier decisión positiva para sus intereses.
Vilar dijo que no es necesario esperar a la aprobación definitiva de la ordenanza de Movilidad. «Necesito un documento de Dominio Público y otro de Movilidad para poder aprobar la tasa», que se estima en unos 80 euros por vehículo al año y que toma como referencia lo que pagan los hosteleros por las terrazas de los bares o un vado en el caso de los coches eléctricos.
Pero lo más probable es que este documento no salga antes que la ordenanza. El edil de Movilidad, Giuseppe Grezzi, ya se ha referido en público en este sentido, indicaron fuentes municipales, con lo que habrá que esperar unos meses antes de que la ordenanza, todavía en periodo de alegaciones, sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.
La ordenanza tampoco es que sea muy explícita. En concreto, el borrador definitivo indica: «El aprovechamiento especial del dominio público municipal que supone el arrendamiento de vehículos motorizados sin persona conductora y sin base fija estará sometido a la previa obtención de la correspondiente autorización temporal en la que se especificará las condiciones de uso del espacio público y del estacionamiento de estos vehículos.
2. La circulación de estos vehículos se realizará en las condiciones establecidas en la presente ordenanza y demás normativa y legislación vigente en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial». Nada indica de las condiciones de la actividad, que debe regular el Consistorio en otro documento posterior.
El acuerdo con las empresas del concejal de Dominio Público, Carlos Galiana, fue esperar a un informe de Movilidad donde se determine el número máximo de vehículos que puedan operar de esta manera (coches, motos y patinetes). A partir de que se superen esas cifras, entonces saldría a concurso público.
Una de las firmas más interesadas, la multinacional Lime, llegó a repartir más de 200 patinetes eléctricos por las calles de Valencia, retirados por la Policía Local y trasladados a un depósito bajo multa. Vilar indicó que en esa ocasión se actuó así porque carecían de la cobertura de la ordenanza de Movilidad. La nueva normativa sí precisa los requisitos de circulación, que en el caso de alquiler son muy similares a las motos y coches eléctricos citados anteriormente, así como el estacionamiento en la calle.
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