La CHJ multa a Ribó por verter aguas residuales a la acequia de Mestalla

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento por el vertido de aguas residuales a la acequia de Mestalla sin permiso, según figura en un documento difundido ayer por el portavoz municipal de Ciudadanos, Fernando Giner.

El escrito tiene fecha del pasado 26 de julio y detalla las circunstancias detectadas por la entidad responsable de la gestión de aguas y cauces. El 26 de marzo se detectaron vertidos de aguas residuales «procedentes de la red de saneamiento de la población a un ramal de la acequia de Mestalla, sin contar con la autorización correspondiente, en el término municipal de Valencia». A continuación se detallan las coordenadas de la localización del incidente y se señala como presunto responsable al Consistorio.

La Confederación indica que se han producido daños además por una pequeña cantidad de dinero, en este caso 188,70 euros, que también se reclaman a las arcas municipales, junto con una propuesta de sanción por la infracción cometida que asciende a 5.000 euros. La Ley de Agua permite que esto último llegue hasta los 10.000 euros.

El instructor del procedimiento ya está nombrado, lo mismo que el plazo dado para la contestación. Esto último no consta en la resolución difundida por Ciudadanos, por lo que es posible que se haya presentado un recurso o acatado la multa e ingresado el dinero en el Banco de España, como se indica. En todo caso, la noticia agrava las críticas al gobierno municipal por la gestión del alcantarillado y que ha tenido ya varios episodios desde junio.

A finales de dicho mes se produjo un vertido de aguas fecales a playas de Valencia y Alboraya, lo que originó la formación de una comisión técnica con la Generalitat, con la conclusión de que una de las hipótesis más firmes es que las aguas residuales provinieron de acequias que desembocan en el mar. Por esa razón se decidió echar cloro en algunas, aunque en ningún caso sucedió en Valencia, como defendía recientemente la concejala del Ciclo Integral del Agua, Elisa Valía.

La crisis se agravó al destapar la misma formación que mientras tanto el gobierno municipal como la Conselleria de Transición Ecológica aseguraban que el emisario de Vera estaba en perfectas condiciones, unos días antes unos buzos encontraron una rotura en una de las dos tuberías a una distancia de 1.550 metros de la costa y a trece metros de profundidad. Por este motivo, el grupo popular ha pedido la comparecencia de la consellera Mollà en una comisión de Les Corts.

Y por si faltara poco, la concejalía ha aprobado una serie de obras de urgencia para reparar colectores, algunos con riesgo de hundimiento. Valía ha asegurado que necesita 30 millones de euros para un repaso de toda la red, una cantidad de la que en el último pleno se adelantaron 2,3 millones de euros.

En el caso de que el Consistorio reconozca su culpa por los vertidos realizados sin autorización, la sanción será de 4.000 euros al aplicarse una rebaja del 20%. De esta manera se evitaría todo el procedimiento posterior, más caro y perjudicial para los responsables municipales.