Las multas por exceso de velocidad en Valencia se disparan pero no reducen los accidentes

La Policía Local ha impuesto en lo que va de año un total de 21.409 multas por exceso de velocidad, una cifra en sintonía con el balance de 2017, cuando se llegó a 24.727 boletines, según figura en la memoria del Ayuntamiento. El dato es relevante al compararlo con los dos ejercicios anteriores, cuando se registraron 15.146 (2016) y 7.042 (2015), según los datos facilitados por el gobierno municipal.

El Ayuntamiento ha decidido incluir en la nueva ordenanza de Movilidad que se presenta el próximo lunes la reducción de la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora en las calles de un carril y un carril por sentido, por donde ahora se puede ir a 50 kilómetros por hora. Se trata de un intento más en la línea de lo anterior, es decir, busca reducir los accidentes de tráfico.

Un vistazo a las memorias de los tres últimos años constata que lamentablemente no se ha conseguido este propósito. El pasado ejercicios los siniestros ascendieron a 8.356 casos, aunque por fortuna hubo un ligero descenso en aquellos donde se registraron víctimas. En 2016 fueron 8.221 casos y un año antes, el primero del mandato del gobierno tripartito, el balance llegó a 7.629 incidentes con atestados, un aumento paulatino que contradice los cientos de controles realizados los últimos dos ejercicios. Sólo por citar un detalle significativo, la memoria del Consistorio asegura en su último balance que se controlaron un total de 1.317.216 vehículos.

El aumento del tráfico en los principales accesos de Valencia es una de las explicaciones de la subida de los siniestros, lo mismo que el crecimiento del parque móvil en el cap i casal. Este año todavía no se dispone de datos hasta septiembre para indicar si seguirá la tendencia negativa en la gestión de la circulación. Es cierto que se ha reducido la intensidad en algunas zonas concretas, como sucede en la calle Colón los últimos meses, aunque el talón de Aquiles sigue siendo la conexión con el área metropolitana.

Los datos de accidentes fueron proporcionados por la concejalía de Protección Ciudadana, que tiene en cartera la colocación de cuatro puestos fijos de radares (con dos aparatos que irá alternando), en zonas de gran afluencia de tráfico como los citados accesos, la ronda norte o el bulevar sur, además de algunos túneles. Los lugares están por determinar aunque ya se han recibido los cinemómetros, que han tenido un coste de 126.808 euros.

La concejala de Ciudadanos María Dolores Jiménez fue la edil que preguntó en el pleno de este jueves por las multas impuestas este año por exceso de velocidad. «No estamos en contra de la realización de controles pero este aumento y las sanciones obedecen a la política que Grezzi quiere imponer. Para ello utiliza a la delegación de Protección Ciudadana«, dijo en referencia a la introducción en la ordenanza de una reducción de la velocidad a 30 kilómetros por hora.

Este tope ya se ha establecido en algunas zonas, como en todo el distrito de Ciutat Vella o en los aledaños del paseo marítimo. La decisión de ampliarlo a las calles de un carril y un carril por sentido todavía es provisional, a la espera de alegaciones, aunque parece claro que se mantendrá. La única oposición a la medida ha sido plantear que se haga por zonas tras un estudio de los barrios.

Jiménez comentó que para «poder realizar ese número de controles, es evidente que se tienen que destinar demasiados efectivos, con lo que se corre el riesgo de que la Policía Local deje de destinar efectivos a seguridad ciudadana, donde hay problemas evidentes«.

«Estamos a favor del cumplimiento de la normativa, de toda la normativa, y vemos que se han volcado en actuar de manera indiscriminada contra los conductores, a los que hay que dedicar una cantidad importante de efectivos mientras que otro tipo de incumplimientos son más laxos», añadió. La edil de Ciudadanos citó como ejemplo la venta ilegal en la calle, los botellones, las denuncias por ruidos nocturnos y los altercados.

La nueva ordenanza tiene todavía un largo camino por recorrer con el análisis por parte de los servicios municipales y su exposición al público. La disminución de accidentes es su principal razón, al igual que adaptarse a los nuevos modos de movilidad ocho años después de la actual normativa.

La demora del gobierno municipal ha sido tan grande que el concejal de Espacio Público, Carlos Galiana, consideró hace unos días tras reunirse con una empresa de alquiler de patinetes eléctricos que cabe la posibilidad de dar la licencia para esta actividad en la calle sin tener que esperar a la ordenanza, sólo con un informe jurídico que la avale y una instrucción de Tráfico de 2016. En las próximas semanas se dilucidará si es posible esa adaptación de la normativa estatal.