Sin noticias de las cámaras de las zonas de bajas emisiones de Valencia, a tres meses de su obligada puesta en marcha

Si bien las zonas de bajas emisiones, que afectan a 149 municipios de toda España (incluido Valencia), deben de estar vigentes en 2023, la realidad es que faltan poco más de tres meses para acabar el año y todavía no se sabe dónde se ubicarán y no hay que olvidar que cuando el sistema se ponga en marcha, habrá 40.819 turismos que están matriculados antes de 2001, que carecen de etiqueta ecológica, y que no podrán pasar por estos puntos.

Se trata de una de las patatas calientes que dejó el gobierno de Joan Ribó y que ahora el nuevo equipo de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, tendrá que decidir con prontitud.

La cuestión es que de momento no se han elegido los puntos donde se van a implantar. Si bien el edil y exconcejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, ha apuntado a primera hora de la mañana en una rueda de prensa que ya se estaban poniendo las cámaras en la ciudad, pero Catalá lo ha desmentido de manera inmediata.

«Es mentira, no se está colocando ninguna cámara de bajas emisiones», ha apuntado el concejal de Movilidad y Policía Local, Jesús Carbonell. «No se está colocando ni activado cámara de bajas emisiones. O sea, que eso no es verdad», ha apostillado María José Catalá.

A la pregunta de en qué puntos de Valencia van a ubicar estas cámaras que limitará el paso a los vehículos más contaminantes, Carbonell ha dicho de forma tajante que la colocación «de las cámaras se hará después de consensuar», en referencia a que primero quiere trabajar este punto con vecinos, comerciantes y más agentes.

Y acto seguido la alcaldesa ha indicado: «Se van a instalar, aunque de momento no hay».

La cuestión de fondo es que poner 274 cámaras en la ciudad, en puntos que todavía están por decidir, ya que tienen que entrar en funcionamiento antes de que acabe 2023.

No es un problema de adquisición de cámaras, ya que que en su momento se presentaron ocho empresas y se adjudicó finalmente a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Eysa Aluvisa ZBE con un coste de 8,97 millones de euros y en junio también se formalizó la contratación de la dirección de obra. Pero no hay que perder de vista que el concurso se inició el 15 de noviembre de 2022 y durante esa legislatura se fue alargando el tema.

El asunto es que falta decidir en qué puntos se pondrán las cámaras, si bien inicialmente se designaron cinco zonas de Valencia, y si se activarán por fases o todas a la vez. Y, además, para ponerlo en marcha, primero hay que aprobar una ordenanza específica que el gobierno de Ribó empezó a trabajar, pero que no terminó.

El exconcejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, ha comentado en rueda de prensa que se cuenta con «todos los sistemas electrónicos de las cámaras, la plataforma integrada y la campaña de promoción» correspondiente, al tiempo que ha precisado que de los fondos europeos se asignaron diez millones de euros a este proyecto.

«Está el dinero», ha dicho a la vez que ha manifestado que el nuevo gobierno «se ha de poner a trabajar» y «reactivar el tema para que antes de final de año esté preparada la zona de bajas emisiones».

Grezzi ha criticado que el ejecutivo de Catalá «se ha tirado tres meses sin trabajar» y se ha «ido de vacaciones», además de indicar que ese equipo «no tiene proyecto de ciudad». Eso sí, Grezzi no ha aclarado por qué durante el mandato de Ribó tampoco tuvieron lista la ordenanza específica para poder dar el posterior paso de poner las cámaras.

Grezzi se ha limitado a justificar la tardanza y ha afirmado respecto a la ordenanza sobre las zonas de bajas emisiones, «se iniciaron trabajos de consulta en varias sesiones de la mesa de movilidad. En junio ya estaba avanzado el tema y se podría tener el borrador, pero se fueron de vacaciones». A pesar de ello, no aclaró por qué el gobierno de Compromís y PSPV tampoco lo tuvo a tiempo.