Patricia Orduna
Valencia
Viernes, 18 de octubre 2024, 14:07
El Ayuntamiento ya no podrá asumir el coste de la recogida y transporte de las basuras para su tratamiento y reciclaje, que saldrá ahora del bolsillo de los valencianos, con un coste de 39,14 euros en el caso de la mitad de los ... domicilios. Así, el Consistorio deberá repercutir a los ciudadanos a partir de 2025 un total de 47,6 millones de euros. La concejal de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo, ha declarado que «es la primera vez en la historia del municipalismo español que desde el Gobierno de España obliga a todos los Ayuntamientos a imponer una nueva tasa».
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El artículo 11 de la Ley estatal 7/2022 exige a los gobiernos de cada municipio una tasa específica, diferenciada y no deficitaria, que se deberá cobrar a los ciudadanos. Así lo ha anunciado la edil en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, que sentencia que esta ley «va en contra de aliviar fiscalmente a los ciudadanos» como, dice, es intención del gobierno de la ciudad: «Se trata de una tasa que los Ayuntamientos rechazamos, pero nos obliga a aprobar Pedro Sánchez para consumar el 'basurazo' de su ley de residuos».
El cumplimiento de esta tasa a partir de 2025 ha hecho que la Junta de Gobierno Local haya acordado llevar para su aprobación al próximo pleno las Ordenanzas Fiscales para el 2025. Con esta nueva medida, explica la concejal, «en 2025 no podremos asumir con cargo al presupuesto municipal los 6 millones de euros que correspondían a Valencia de aportación a la EMTRE para que se repercutiera ese importe en los vecinos». Y añade: «En contra de nuestro deseo, tendremos que repercutirlo al ciudadano con un incremento de la tasa TAMER», que es la que corresponde al tratamiento y eliminación de residuos.
Tras conocer la noticia, la gran pregunta que ronda por la cabeza de muchos de los contribuyentes es: «¿Cuánto hay que pagar?». Pero no hay una respuesta concreta, por el momento. El importe exacto que cada persona deberá aportar depende de la situación, pues esta ley contempla y exige el pago por generación. Así, las diferentes cuotas las han determinado los técnicos por el mismo criterio que emplea la EMTRE en cuanto al tratamiento y eliminación de residuos (TAMER): el consumo de agua, medido en un tiempo de 12 meses, de cada vivienda. Pero esta tasa no la tienen que pagar únicamente las viviendas, sino que también afecta en el caso de realizar otras actividades económicas. Es en estas situaciones cuando este criterio se modula, tanto por el consumo como por el Grupo de Actividades del CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas) al que pertenece.
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En total, el Ayuntamiento prevé 459.222 recibos entre viviendas, comunidades de propietarios y otras actividades económicas. En el caso de las viviendas, se estima que para la mitad de ellas (concretamente 201.843 de las 408.396 existentes) la cuota resultante que deberán pagar será de 39,14 euros al año. Más desglosado, esto supondría pagar 0,11 euros al día o 3,3 euros mensuales.
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El Ayuntamiento ya ha dejado claro que no puede evitar implantar esta tasa, pues es una exigencia que llega desde el gobierno central, pero sí que contemplan diversas vías para «aliviar a vecinos y comercios». Ferrer San Segundo ha confirmado que en 2025 mantendrán la rebaja fiscal aprobada para el año 2024, que fue «la mayor bajada de impuestos y tasas de la historia del Ayuntamiento y de las grandes ciudades españolas, beneficiando a más del 99% de los vecinos y comerciantes de Valencia». Como resultado, se consolidan para 2025 medidas como la reducción del 20% en el tipo de gravamen general del IBI de naturaleza urbana, la ampliación de la bonificación del 60% o 90% aplicable en el IBI a 4.000 familias numerosas o la bonificación del 95% en la plusvalía por causa de muerte entre familiares directos, según ha detallado la edil.
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También existen otros beneficios fiscales para reducir el impacto de esta nueva tasa. El Ayuntamiento contempla una reducción del 30% a familias numerosas (3 o más hijos, con carácter general) para la vivienda habitual. Esto se realizará de forma automática cuando se disponga de bonificación en IBI y la posibilidad de acogerse los arrendatarios. Está previsto que de ello se beneficien «más de 4.000 familias». Por otro lado, también se realizará una reducción del 30% para la vivienda habitual de familias en riesgo de exclusión social, algo que favorecerá a 6.200 familias.
Además, se otorgará una bonificación de 10 euros a quienes utilicen ecoparques o de 50 euros a actividades económicas que utilicen sistemas de recogida municipal de papel y cartón «puerta a puerta». También una bonificación del 10% a empresas de distribución alimentaria y restauración que reduzcan los residuos alimentarios de forma significativa y verificable. Destacan que estas bonificaciones son de carácter acumulable, por lo que si una familia cumple más de una condición podrá beneficiarse de las diversas bonificaciones.
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