Las ocupaciones ilegales asedian pisos públicos en plena subasta en el Cabanyal

La empresa Plan Cabanyal-Canyamelar tramita en estas fechas la venta de 14 pisos en el barrio con un proceso iniciado el pasado julio y que obligó a sustituir el tapiado habitual de todos los accesos por puertas metálicas aseguradas con una cadena y un candado, con el fin de facilitar las visitas de los interesados en las pujas. Ese es el motivo, aseguró ayer el director gerente de la sociedad pública, Vicent Gallart, de que los intentos de ocupaciones ilegales «hayan sido constantes» desde entonces.

Los empleados de la empresa se afanan en evitar las ocupaciones, dado que el tiempo es el factor fundamental. La subasta se celebró el lunes con la apertura de las ofertas económicas (se espera ingresar medio millón de euros), aunque falta baremar con otros factores antes de la adjudicación definitiva.

Por lo tanto, falta el trámite esencial de acudir a la notaría para formalizar las ventas. Hasta entonces, la responsabilidad de una ocupación ilegal recae en la empresa Plan Cabanyal, cuyos técnicos se han encontrado antes y después de las pujas con la sorpresa de encontrarse que la cadena había sido sustituida por otra con candado diferentes.

Así ha sido en las calles Progreso y Luis Despuig, dos de las que Gallart citó como ejemplo de esta situación. Si no fuera un asunto tan serio, el relato es casi cómico porque la ocupación ilegal sólo se puede evitar si no han entrado pertenencias o sencillamente no están comiendo dentro de la casa.

Por fortuna, esas circunstancias no se han producido y cuando han acudido a cambiar la cadena no había nadie dentro. El director gerente estimó que estas ocupaciones ilegales no corresponden al movimiento okupa sino a familias sin recursos económicos de etnia gitana principalmente.

Las 14 propiedades están repartidas por todo el barrio y algunas se encuentran en muy mal estado de conservación. Pese a eso, en tres casos las pujas han superado el 25% del precio fijado en la tasación. Todavía faltan unos trámites, aunque la previsión de Gallart es que en apenas unos días culminen las operaciones y los pisos sean entregados a sus nuevos propietarios.

La empresa pública tiene prevista la venta de más viviendas con las mismas condiciones, es decir, que se utilicen como residencia y no para apartamentos turísticos. Ofrece además la posibilidad de que entren en el mercado de alquiler.

La medida pretende ayudar a la revitalización del barrio, donde una de las demandas vecinales más reivindicadas ahora corresponde a la seguridad ciudadana. La Policía Local colocó a principios de mes un retén en un módulo prefabricado entre las calles Escalante y José Benlliure, en un solar a la altura de la plaza Lorenzo de la Flor. La concejal de Ciudadanos María Dolores Jiménez criticó ayer la precariedad de medios con que cuentan los agentes. «No hay ni baño, la luz es sólo para la oficina y todo lo de alrededor está a oscuras y hoy les ha entrado hasta agua por filtraciones», indicó la edil sobre la fuerte lluvia caída por la tarde en la ciudad.

El retén está cubierto con tres agentes, de los que uno permanece en la oficina y los otros patrullan. No obstante, algunas horas de la noche permanece cerrado. La instalación se colocó en respuesta a una petición de los vecinos para que estuvieran más cerca de la zona degradada y responder antes a las quejas por los problemas habituales de convivencia que se producen. Escándalos nocturnos, peleas de gallos, tráfico de drogas al menudeo y ocupaciones ilegales en la conocida como zona cero del Cabanyal, la zona por donde debía pasar la prolongación de Blasco Ibáñez con un plan urbanístico ya derogado.