La ordenanza de civismo sale a consulta previa con tres años de retraso

La primera noticia de la llamada ordenanza de convivencia surgió el 9 de mayo de 2017, cuando la entonces concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, desveló la firma de un acuerdo con la cátedra Protecpol para desarrollar una normativa que debía ayudar a resolver problemas como el botellón, el vandalismo en los monumentos o la falta de recogida de excrementos de las mascotas de las calles. En junio de 2018 se presentó el primer trabajo realizado en fase de borrador con una serie de propuestas de multas, y el pasado 17 de septiembre, el actual responsable, el edil Aarón Cano, explicó una nueva iniciativa para llevar al pleno y aprobarla seguramente en noviembre, aunque de manera sorprendente, el Ayuntamiento inició ayer el trámite de la consulta previa de la citada normativa.

Esto significa, según indica el propio edicto, que cualquier vecino de Valencia tiene ahora un plazo de veinte días para enviar sus opiniones sobre «los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad de su aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas reguladoras y no reguladoras». Es decir, que el nuevo borrador que maneja la Policía Local está sujeto a modificaciones antes de su exposición al público para las alegaciones.

Fuentes cercanas a la concejalía no aclararon el motivo de que este trámite no se realizara en su momento y que se hayan realizado dos propuestas, una de Menguzzato y otra de Cano, sin que se incorpore el resultado del proceso de consulta previa.

La realidad, señalaron otras fuentes, es que Cano, por ir a lo más reciente, sí que ha mantenido reuniones con asociaciones representativas del movimiento vecinal o de la hostelería para acordar los puntos básicos de la ordenanza. El resultado de esos encuentros donde se pactaron una serie de artículos e infracciones tendrá que pasar el filtro de la consulta iniciada ayer.

Todo este trabalenguas burocrático supone una demora añadida a la aprobación de una ordenanza en la que se han puesto muchas esperanzas de que ayude a agilizar el trabajo de la Policía Local, que de eso se trata. Por ejemplo, en el control del botellón los agentes podrán sancionar a los participantes por exceso de ruido, al margen de si están consumiendo alcohol.

La normativa incidirá, en caso de que finalmente se apruebe el documento del borrador, en la mediación que realiza la Policía Local. El concejal Cano señaló en su presentación que se trata de una forma eficaz de «afrontar los conflictos, ya que, especialmente durante la pandemia, ha demostrado ser un arma muy efectiva que ha resuelto hasta el 80% de los conflictos».

Entre otros instrumentos que prevé la normativa se incluirá la posibilidad de sancionar el uso de instalaciones deportivas en barrios, cuando no sea el horario establecido por la Fundación Deportiva Municipal. Estas canchas son frecuentes focos de conflictos con los vecinos en horario nocturno en los barrios.

El trabajo de 2018 fue modificado con este nuevo borrador, que ha puesto el acento en asuntos como la degradación del entorno urbano (pintadas en fachadas, monumentos y mobiliario urbano), así como el vandalismo, la mendicidad encubierta de los aparcacoches y las deposiciones de las mascotas en las calles.