P. MORENO
VALENCIA.
Jueves, 7 de octubre 2021, 00:21
El interés del gobierno municipal de Valencia por la recuperación y preservación de la huerta, además de todos los valores culturales agrarios, no se extiende a los tributos. Eso es lo que critican los vecinos que viven en alquerías y pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) urbano, cuando en realidad están entre campos de cultivo y carecen de servicios públicos indispensables.
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La lista de agravios es larga para Miguel Rosselló, propietario y residente en una de estas alquerías, a la altura del barrio de San Isidro en la parte sur de la V-30. «No disponemos de red de saneamiento, cada uno depura, recicla o vierte sus aguas residuales como puede, en mi caso la depuradora me costó 4.000 euros».
A más a más, tampoco disfrutan de abastecimiento de agua potable. «Funcionamos a base de pozos propios», precisa, un caudal que después toca depurar en la mayoría de los casos para garantizar la salubridad. «Estamos pagando el mismo IBI que si viviéramos en la calle Colón y nos falta de todo», asegura, para señalar que ha pedido al Ayuntamiento que aplique las llamadas «bonificaciones potestativas», sin éxito porque la respuesta es que «no figuran en las ordenanzas fiscales y no puede ser».
En efecto, la normativa desgrana todo tipo de bonificaciones, como por la colocación de placas solares, a familias numerosas, cooperativas o viviendas de nueva construcción, entre otras, pero la única referencia que hace a las alquerías es cuando habla de los «inmuebles de naturaleza rústica en los que se desarrollen actividades de carácter agrícola».
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En teoría, esto debería solventar el problema para aplicar una bonificación del 95%, aunque el propietario de otra alquería situada en la parte norte de Valencia aseguró a LAS PROVINCIAS que la cuestión a resolver es el Catastro. «Si establecen que la alquería es un inmueble urbano, no hay nada que hacer», dijo.
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En su caso, paga un recibo de 1.400 euros anuales y carece por ejemplo de agua potable. «Pregunté en Aguas de Valencia y me ofrecieron ponerme el contador casi en Serrería. A partir de ahí la tubería la tenía que resolver yo a través de campos y eso es inviable por completo». La solución sigue siendo un depósito de agua de lluvia y garrafas.
El concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, comentó que la premisa es la denominación de la alquería. «Si es urbano, es urbano», reiteró acerca de modificar a la baja el recibo. Otro asunto son las bonificaciones, que han aumentado con la pandemia y ahora se extiende por ejemplo a sociedades musicales, teatros, naves de artistas falleros o comercios emblemáticos, que se benefician de un descuento del 95% en la parte municipal.
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«No tenemos acceso pavimentado a las viviendas, yo entro en mi casa por un camino de grava que cuando llueve se inunda. No disponemos de transporte urbano ni señalización. Tampoco un alumbrado eficiente o suministros como gas, cable o fibra óptica. No tenemos, en definitiva, ninguno de los servicios urbanos pero sí que pagamos el IBI como si los tuviésemos», comentó uno de los afectados.
La otra vía para reclamar una rebaja en el recibo es el cambio de la valoración catastral, a la baja claro. En todo caso, la situación es confusa para los propietarios de alquerías. «Ya nos cuesta una barbaridad vivir donde queremos por los problemas a la hora de hacer cualquier obra. La solución para muchos es hacerla sin informar al Ayuntamiento», señalan. Cuando el inmueble rural está protegido, el asunto se complica todavía más para lograr las autorizaciones y poder hacer una reforma mínima.
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El dueño de la alquería de la Caldera indicó que al menos no paga la tasa de la basura. «Como no llega recibo del agua es difícil cobrar», ironiza, mientras que en la zona norte de Valencia demandan dos mejoras con urgencia: «Agua potable y alumbrado público, tampoco es tan exagerado para estar en 2021».
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